México es una excepción entre los países latinoamericanos que se beneficiaron con el aumento en los precios de alimentos, debido al déficit que mantiene en su balanza comercial de productos agropecuarios, señala una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El encarecimiento mundial de los comestibles –abunda– provocó que las naciones latinoamericanas quedaran divididas en dos grupos: en uno se encuentran México y los países centroamericanos, que como importadores netos de alimentos han sido afectados por el alza, y en el otro se incluyen los sudamericanos, que han visto potenciadas sus capacidades de transformarse en abastecedores en primer orden en el mundo, sentencia.

En el estudio Competitividad, sostenibilidad e inclusión social en la agricultura: nuevas direcciones en el diseño de políticas en América Latina y el Caribe, el organismo pondera que la región está llamada a ser un importante proveedor de alimentos para Asia.

Así lo demuestra el superávit comercial que mantienen las naciones latinoamericanas con las asiáticas, con excepción de México, acota la investigación, a cargo de Octavio Sotomayor, Adrián Rodríguez y Mônica Rodrigues, funcionarios de asuntos económicos de la unidad de desarrollo agrícola de la Cepal.

Hasta finales del siglo pasado, la seguridad alimentaria ocupó una posición marginal en los análisis estratégicos, pero el incremento del precio de los comestibles genera la necesidad de una nueva mirada en la agricultura y su aporte al desarrollo económico, por lo que los gobiernos latinoamericanos tienen una tarea compleja en términos de la calidad de sus políticas públicas, indica el documento.

Particularmente –precisa– porque en pocos sectores es tan evidente como en la agricultura la coexistencia de grandes unidades productivas enfocadas a la exportación, donde se trabaja en la frontera del conocimiento junto a millones de explotaciones campesinas de agricultura de subsistencia, en la que prevalecen niveles de productividad no muy diferentes a los que existían a mediados del siglo pasado.

Poca disponibilidad de tierras por habitante

En el caso de México, señala que, afectado por el incremento en la cotización de los alimentos, tiene el reto de lograr mayor participación de la economía familiar en la generación de dichos productos para el mercado local y articularlos a la industria agroalimentaria comercial, así como aprovechar el nuevo horizonte exportador para más mercancías.

Si bien destaca que el país cuenta con gran superficie agrícola y gran potencial de producción, la disponibilidad de tierras, de apenas 1.7 hectáreas por habitante, es una de las más bajas de la región (en Bolivia son 10.8, en Argentina 6.7, en Chile 4.4 y en Brasil 4.3).

Por ventas o herencias –señala–, las unidades de producción agrícola en México han seguido fragmentándose, al grado de que el promedio de hectáreas por unidad se redujo de 8 a 7.3 en promedio. Eso indica que se profundiza el proceso de minifundización y con ello la agricultura es más intensiva en fuerza de trabajo y asociada a productos de alto valor, en contraposición al cono sur, que se ha especializado en productos básicos.

Las reducidas escalas de producción obligan a los campesinos a una rotación intensiva de los suelos, lo que ha disminuido drásticamente su fertilidad, y en muchos casos ha originado graves problemas de erosión. Esa restricción es uno de los factores que aminoran el impacto de los programas públicos de fomento dirigidos a agricultores pobres e impide que superen la pobreza, puntualiza la investigación.