Un juzgado federal concedió un amparo a Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, que evitará su extradición a Estados Unidos. En la resolución se argumenta que la acusación del gobierno del país vecino está basada en los mismos hechos delictivos por los que ya fue absuelta en tribunales mexicanos.

En teoría, con esa resolución de amparo, Ávila –quien se encuentra presa en el penal federal de El Rincón, en Nayarit– tendría que recuperar su libertad, pero no será así, toda vez que tiene pendiente en tribunales mexicanos un proceso penal por lavado de dinero.

En septiembre pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concedió por segunda vez consecutiva la extradición a Estados Unidos de La reina del Pacífico para que sea juzgada en una corte de Florida por delitos de narcotráfico.

La resolución que concede el amparo a Ávila Beltrán fue dictada por el juzgado décimo de distrito en esa materia, pero puede ser impugnada por la Procuraduría General de la República (PGR) ante un tribunal colegiado de circuito.

El juez señaló que el proceso que se pretende iniciar a Ávila en Estados Unidos es prácticamente el mismo que tuvo en México por el caso del buque Macel, incautado en diciembre de 2001 frente a las costas de Colima, con 9.5 toneladas de cocaína.

En su fallo, el juez ordenó a la cancillería mexicana que emita una nueva resolución sobre esta extradición, pero esta vez debe señalar que Ávila Beltrán no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, lo que prácticamente obliga a la cancillería a negar su entrega a Estados Unidos.

El juez explicó que Ávila Beltrán es reclamada por una corte de Florida para juzgarla por asociación delictuosa, conspiración para poseer 100 kilos de cocaína con intención de expotarlos a Estados Unidos y distribuirlos.

Los hechos a que se refiere esa acusación ocurrieron de enero de 1999 a marzo de 2004, periodo en el que la acusada formó parte de una organización dedicada a la adquisición y el transporte de grandes cantidades de cocaína de Colombia a Estados Unidos.

Llamada interceptada

Entre las pruebas que presume tener el Departamento de Justicia de Estados Unidos está el testimonio de uno de los integrantes de esa banda criminal, quien señaló que Sandra Ávila Beltrán coordinaba el trasiego de cocaína en México para luego llevarla a ese país.

El 14 de septiembre de 2001 la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) interceptó una llamada telefónica en la que Ávila Beltrán y su entonces pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza, El Tigre, exigían el pago por el adeudo de los 100 kilos de cocaína que habían suministrado en Chicago, Illinois, a un traficante que luego se convirtió en informante de esa dependencia.

Los fiscales de Estados Unidos afirman en su petición de extradición que ese mismo año la acusada viajó a Colombia para negociar, junto con otros cómplices, el embarque de más de 9 mil kilos de cocaína a México, con la intención de introducirlos a Estados Unidos. Ese cargamento fue encontrado el 21 de diciembre de 2001 en el buque mencionado.