Más de 4 mil créditos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) se otorgaron entre 2007 y 2008, por montos superiores a los que correspondía con el nivel salarial de los empleados, en lo que para el organismo fueron situaciones irregulares.

No se sabe si se cometió algún delito, porque a pesar del tiempo transcurrido la Secretaría de la Función Pública (SFP) todavía no concluye su investigación. Lo que sí, es que el sistema fue vulnerable, informó Ernesto Ampudia, subdirector de Asuntos jurídicos del fondo.

Comentó que el personal involucrado –nueve personas– adscrito a las áreas donde se tramitan los préstamos, y que presuntamente participó de las anomalías, se mantiene en sus puestos de trabajo. Tampoco se ha podido fincar responsabilidad penal alguna a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) que en esos años tuvieron acceso al sistema electrónico donde se ingresaron los datos erróneos, con los cuales se otorgaron créditos irregulares.

Estas entidades financieras, los empleados de Fovissste y mil 180 servidores públicos beneficiarios de los préstamos son sujetos de investigación en el ámbito penal. Hasta ahora los jueces han girado 41 órdenes de aprehensión en contra de los acreditados, como resultado de la consignación de tres averiguaciones previas, comentó Ernesto Ampudia.

En entrevista, el funcionario aseguró que el Fovissste no pretende afectar a los trabajadores que obtuvieron créditos hipotecarios superiores por entre 200 mil y 500 mil pesos a lo que les correspondía. Pero, indicó, es obligación del organismo recuperar el dinero otorgado en demasía en el plazo de 30 años establecido por la ley.

Indicó que el Fovissste se percató de las irregularidades en 2008 y ese mismo año inició las demandas judiciales en contra de las Sofoles. Luego, el órgano interno de control realizó una auditoría de la que se desprendieron procedimientos administrativos, civiles y penales en contra de los trabajadores del fondo y los acreditados. Son 39 demandas, correspondientes a igual número de dependencias del gobierno federal donde laboran los mil 180 servidores públicos que obtuvieron préstamos irregulares.

Sobre los otros 3 mil 229 créditos también anómalos en su origen, Ampudia explicó que se localizaron a partir de una revisión del propio Fovissste. Con todos –4 mil 409– se buscan las alternativas para reintegrar al organismo los recursos otorgados en demasía.

Para ello el órgano de gobierno autorizó que los afiliados sujetos de procesos judiciales acuerden con el fondo, antes del 30 de enero próximo, alternativas para el pago sin que sufran afectación en su patrimonio. Con ello el Fovissste estaría en condiciones de otorgarles el perdón.

Ampudia aseguró que hasta ahora 108 de estos trabajadores han aceptado los convenios, mientras en otros mil 300 préstamos, el excedente se liquidó con el monto que los empleados tenían como ahorro en la subcuenta de vivienda. Con el resto –otros 3 mil– la solución está pendiente.

Por ley el monto de los créditos hipotecarios se determina con base en el nivel salarial del trabajador y su recuperación se debe garantizar con descuentos quincenales que no deben rebasar 30 por ciento de su ingreso y por un plazo máximo de 30 años. Los préstamos con demasía no se cumplen estos supuestos, señaló Ampudia.

Aseguró que existe la disposición del Fovissste encontrar alternativas de solución para cada caso. Lo primero es que los acreditados se acerquen a las oficinas del organismo y manifiesten su voluntad de pagar el excedente.

El funcionario resaltó como positivo que el monto del crédito corresponde al valor de la casa adquirida por los trabajadores, lo que de cualquier manera deberán pagar.

Con relación a las medidas tomadas por Fovissste para evitar nuevas anomalías, Ampudia explicó que se modificó la mecánica de los trámites. Entre otros, ya no es requisito presentar el talón de pago, pues de manera electrónica se determina el monto del crédito al que tienen derecho los trabajadores y las Sofoles tienen un acceso limitado al sistema informático. Sólo pueden ingresar los datos generales de los empleados, apuntó.