El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) difundir 13 puntos vinculados con dos casos que causaron un quebranto por mil 300 millones de pesos a la paraestatal a causa de pagos indebidos por derechos de servidumbre en Sinaloa.

Los casos forman parte de los 232 juicios promovidos debido a una red de corrupción que involucró a 22 ex funcionarios de la CFE, 18 jueces del fuero común y 20 peritos independientes.

Un solicitante pidió a la CFE información sobre los expedientes 101/2009 y 694/2008, cuya sentencia se tramitó en el juzgado mixto de Mocorito, Sinaloa.

Sobre ellos se demandó el total de afectación correspondiente a los derechos de servidumbre de paso respecto del título de propiedad 000000000381, con fecha 22 de diciembre de 1995. Los derechos de servidumbre representan el uso del terreno de un particular para pasar líneas de conducción de energía eléctrica.

Del juicio 101/2009, la CFE se limitó a responder que fueron afectados 7 mil 319.40 metros cuadrados, y por ello la paraestatal fue condenada a pagar 2 mil 800 pesos por metro cuadrado, es decir, 20 millones 494 mil 320.

Del juicio 694/2008 informó que resultaron afectados 6 mil 873.74 metros cuadrados y se pagó por cada uno 2 mil 800 pesos, esto es, 19 millones 246 mil 472.

Sin embargo, con el argumento de que a la división de distribución noroeste de la CFE, donde se cometió el fraude multimillonario, no le fue posible identificar las líneas de energía eléctrica mencionadas, ya que en esa zona existe o confluye diversa infraestructura que impide delimitar el interés, la paraestatal se declaró imposibilitada para dar respuesta a los 13 puntos del solicitante.

A saber, el voltaje de cada línea de conducción; el derecho de servidumbre de paso que corresponde a cada línea; las medidas de cada servidumbre de paso y lo que puede tolerar el predio; el área total afectada por el derecho de vía en el predio en cuestión; copias certificadas de los planos en que se establece la afectación total; fecha en que se notificó al dueño del predio el área que se afectaría y el medio por el que se le notificó. Antes de dar respuesta, la CFE usó métodos dilatorios, entre ellos solicitar una prórroga que amplió el plazo de respuesta de 22 a 44 días hábiles; posteriormente la paraestatal respondió que, no está en posibilidad de dar atención a los 13 puntos referentes a temas técnicos y de derechos de vía o servidumbre.

Luego el ciudadano presentó un recurso de queja ante el Ifai el 24 de octubre pasado. Fue la semana pasada cuando el pleno del Ifai determinó revocar la respuesta de la CFE y le ordenó realizar en todas sus áreas administrativas una búsqueda exhaustiva de la información que dé respuesta a la solicitud.

Aunque sigue abierta la investigación por el fraude y habrá más detenciones de jueces, según el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan, en el caso de estos dos juicios ya se dictó sentencia y causaron estado, por lo cual los datos son de carácter público, según establece la Ley Federal de Transparencia.