La Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó cambiar el cableado de cobre de la red eléctrica nacional por conductores de aluminio, decisión que debilita y restringe la infraestuctura de la paraestatal y no le permitirá prestar el servicio del triple play (transmisión de señal de televisión, telefonía e Internet), por lo que este negocio –que genera más de 8 mil millones de pesos al año– quedará exclusivamente en manos de compañías privadas.

Así, la red eléctrica saqueada durante más de dos años por el robo del cableado de cobre por empresas contratistas y particulares, ahora también se ve afectada por la decisión de la CFE.

De noche, con lluvia o sin ésta, pretextando mantenimiento a la red, en camionetas con logos de la CFE o de plano de empresas contratistas, decenas de trabajadores llegan a diversas zonas del país a retirar cantidades no cuantificadas de cableado de cobre, dejando sin suministro eléctrico calles y zonas enteras, y después lo sustituyen por cable de aluminio.

Nada se sabe de los enormes rollos de material de cobre, cuyo precio de compra por kilo en los negocios de desechos industriales es de 100 pesos.

Ni en la página de la CFE ni en los discursos oficiales se habla de este tema. Sin embargo, el pasado 10 de octubre, en Veracruz, Lorenzo Piedra, representante de la paraestatal en esa entidad, informó de la sustitución de cableado en los municipios de Veracruz y Boca del Río, así como en algunas otras poblaciones, argumentando una alta incidencia de robo del material de cobre por su alto valor comercial.

Por órdenes de los directivos

En el Distrito Federal, a quienes reportan al 071 que hay trabajadores quitando los cables, los operadores de la CFE les confirman que es por órdenes de los directivos, y dicen a los usuarios que pronto les pondrán su nuevo cable.

Videos entregados a este diario muestran cómo son retirados cientos de metros de las líneas de cobre por parte de contratistas supuestamente al servicio de la CFE. Las imágenes incluso muestran cómo vigilantes y policías federales que tienen a su cargo el resguardo en instalaciones eléctricas públicas se llevan los rollos. La Jornada tuvo reportes de retiro del cableado de cobre en delegaciones como Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc, así como en los estados de Chiapas, Tamaulipas, Morelos, México y Puebla, entre otros.

Pero el gran negocio quedará para las empresas privadas que participan en el mercado del triple play, porque ese conductor permitiría a la CFE o a cualquier otra empresa pública similar, en un solo cable y a través de la acometida de energía eléctrica, dar los servicios de telefonía, transmisión de imagen e Internet, lo cual ya no se podrá ofrecer. Al retirar estas líneas se cancela la posibilidad de que el Estado ofrezca estos servicios baratos a la población.

En cambio, se abren las puertas para que las empresas privadas desarrollen redes para comercializar el triple play a través de la instalación de fibra óptica.

Las empresas de cable, para ofrecer este servicio triple, utilizan los postes de luz y no pagan lo que deberían por ese usufructo de la infraestructura pública; meten la fibra óptica, cobran discrecionalmente los servicios por paquetes y muchas veces dañan la red de energía eléctrica y se pelean el mercado.

Según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre las concesiones recientemente otorgadas para operar triple play está la de WL Comunicaciones, propiedad de Ernesto Martens, ex secretario de Energía, y Fernando Canales, ex gobernador de Nuevo León, compañía que de inmediato inundó el Centro Histórico de la ciudad de México y zonas cercanas de instalaciones de fibra óptica para vender el servicio.

Asimismo existen solicitudes de grupos empresariales en espera de ser resueltas por la SCT para entrar al negocio.

Desde una empresa pública, como la CFE, se podría ofrecer el triple play. Por ejemplo: la empresa eléctrica estatal de Francia brinda este servicio en este momento con un solo cable, como ocurre en muchos otros países de Europa.

La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) señaló que “remplazar el cobre es quitar potencial a un organismo público descentralizado como la CFE o como Luz y Fuerza del Centro (LFC), para privilegiar a las empresas cableras, como Cablevisión –de Televisa–, Cablemás, Megacable y otras. Hoy se ven los tendederos que están poniendo de poste a poste, incluso fuera de norma y evadiendo los pagos que tienen que hacer por el uso de la infraestructura.

La sustitución tiene una implicación de daño patrimonial al Estado, porque es una infraestructura que se construyó con los impuestos de todos los mexicanos. Además el cable de cobre es técnicamente mejor conductor de electricidad. Se determinó su uso, por ejemplo, en el Distrito Federal, porque es una zona que tiene un alto índice de contaminación. Además ese metal evita que haya variaciones de voltaje en el suministro y una mejor calidad de conducción del fluido eléctrico.

Por ello, precisamente, primero se está quitando el cableado de cobre en las zonas económicamente altas del país, que tienen poder adquisitivo y donde hay más posibilidad de negocio para las empresas privadas.

La Secretaría de Gobernación recibió una denuncia del SME, acompañada de grabaciones, fotografías, y documentos, sobre la sustitución de materiales y su impacto en los consumidores y usuarios.

En el mercado negro, constituido en su su mayoría por pequeños comercios que compran y venden materiales de desecho, una persona puede vender cobre sin dar explicaciones de su origen y obtener 100 pesos por cada kilogramo, en tanto el kilo de aluminio es adquirido entre 17 y 20 pesos.

En las instalaciones que operaba Luz y Fuerza, el saqueo de material no se restringió al cobre, sino también a herramientas, equipo, vehículos y hasta vestimenta. De todos estos productos se ha creado un mercado paralelo, donde incluso hay tianguis en que se pueden encontrar escaleras, medidores, portaherramientas, camisolas, guantes y cascos que pertenecían a LFC.

Venta ilícita a industrias

Otro mercado está en las industrias, donde se comercializan objetos más sofisticados, como transformadores y hasta postes.

Para muestra de los actos de corrupción en la paraestatal, basta un yate: el ex subdirector de Operaciones de la CFE, Néstor Moreno Díaz –ahora prófugo de la justicia por enriquecimiento ilícito y cohecho al haber recibido dinero y una embarcación a cambio de otorgar contratos de manera indebida a empresas nacionales y extranjeras– fue el encargado de recibir todo el patrimonio e infraestructura eléctrica de LFC, sin que se hiciera un inventario o se rindieran cuentas.

El daño patrimonial al país y a la red de distribución es incuantificable, debido a que el cobre ha sido sacado de los centros de trabajo en morrales o costales; ha sido hurtado de bajadas de los postes de luz, de instalaciones internas y externas, y ahora, con el programa de sustitución de la CFE, no existe información de cuántos metros lineales han sido cambiados ni qué se ha hecho con el material sustraído.

En el fondo de esta trama están los negocios millonarios que han surgido por estos mercados ilegales de cobre y el hecho de que, según expertos financieros, la industria del triple play está valuada en 30 mil millones de dólares y genera más de 8 mil millones de pesos al año en México, al disputarse más de 4 millones estimados de usuarios, de acuerdo con estimaciones de la SCT.