Las personas que viven en las calles no han sido motivo de ocupación de los gobiernos federal ni estatales, tanto que a escala nacional sólo existe la Constitución de la República como referencia de la protección de sus derechos, afirmó Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, Asociación Civil.

Advirtió que en la última década se acentuó ese abandono, al grado de que no existe un censo y el programa De la Calle a la Vida, diseñado durante el gobierno de Vicente Fox en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se diluyó y nunca dio resultado alguno.

El activista también resaltó que para las autoridades ha pasado inadvertido, incluso, que el problema, inicialmente concentrado en niños que viven las calles, actualmente se ha ampliado, pues aquellos menores ahora son adultos, y muchos de ellos aún viven y trabajan en la vía pública; hay niños y adolescentes para quienes las expectativas y oportunidades de desarrollo son prácticamente nulas.

Ni los derechos más elementales tienen vigencia para este sector, como el acceso a la salud, apuntó Hernández.

Ayer, las organizaciones El Caracol, Ednica, Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otras agrupaciones, dieron una conferencia de prensa para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a aceptar la recomendación 13/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

El ombudsman capitalino documentó violaciones a las garantías fundamentales de personas en situación de calle que contra su voluntad fueron integradas a una supuesta institución de asistencia y rehabilitación para las adicciones, conocida como Los Elegidos de Dios, donde fueron objeto de trata ilegal.

La acción formó parte de operativos de limpieza social avalados por las autoridades locales, mismas que omitieron supervisar el lugar adonde se llevó a los individuos.

Luis Enrique Hernández advirtió que esos operativos también se realizan en otros estados de la República, lo que ya es práctica común, pero violatoria de los derechos de las poblaciones callejeras. Así ocurrió en Guadalajara, previamente a la realización de los Juegos Panamericanos, y en Tijuana, con operativos cuando Julián Leyzaola estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo mismo ha ocurrido en las ciudades de Jalapa y San Cristóbal de las Casas.

Así como hay leyes que reconocen la diversidad sexual, los derechos de las mujeres y de la infancia, también debería existir una ley sobre poblaciones callejeras, a fin de evitar actuaciones arbitrarias como las reportadas y documentadas por la CDHDF ya en varias ocasiones, apuntó Hernández.