Entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011, la Secretaría de la Función Púbica (SFP) presentó 92 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), que involucran a mil 59 funcionarios públicos acusados de incurrir en algún acto de corrupción, cifra récord en la historia de la dependencia, revelaron fuentes gubernamentales.

Además, en ese periodo se impusieron 8 mil 333 sanciones administrativas, en las que están involucrados 7 mil 117 servidores públicos.

Las principales sanciones administrativas y penales se impusieron a funcionarios de los órganos internos de Control que se encargan de regular las actividades administrativas de las dependencias públicas federales.

El año pasado, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) elaboró un estudio en el que refirió que los órganos internos de Control de siete de las 16 Secretarías de Estado del gobierno del presidente Felipe Calderón tienen graves limitaciones en su desempeño y padecen un conflicto de interés, de acuerdo con el estudio.

Según ese estudio, titulado Los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito ejecutivo de gobierno, las contralorías internas dependen presupuestalmente de las dependencias en las que operan, pero reportan a la SFP.

La mayoría de las 92 denuncias presentadas ante la PGR fueron elaboradas por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de SFP, y en la mayoría de los casos esa instancia de gobierno detectó algún conflicto de interés en el interior de alguno de los órganos internos de Control.

En esa coordinación existe un área de visitadurías que verifica el trabajo de las contralorías internas en cada secretaría.