Madrid, 31 de enero. Baltasar Garzón, el juez español procesado por prevaricación debido a su indagatoria de los delitos de la dictadura de Francisco Franco (1939-1976), aseguró hoy ante el Tribunal Supremo que un juez está obligado a investigar delitos de lesa humanidad, y que el régimen fascista que gobernó España durante aquella época creó un plan sistemático de eliminación y desaparición de personas. La sala del tribunal rechazó todas las alegaciones de la defensa de Garzón y admitió, en cambio, la denuncia presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que en su día contó con el apoyo de Falange Española.

Garzón será juzgado por la sala del Tribunal Supremo, órgano integrado por siete magistrados que deberán decidir sobre uno de los casos más polémicos de las últimas décadas. El aún juez de la Audiencia Nacional podría enfrentar una sentencia condenatoria por haber investigado las denuncias presentadas por víctimas y familiares de éstas durante la represión franquista. Garzón se basó en la jurisdicción universal de los delitos de lesa humanidad para fundamentar su investigación, con un alegato similar al que utilizó para indagar asesinatos, torturas y desapariciones perpetradas por las dictaduras de Augusto Pinochet (Chile, 1973-1990) y de las juntas militares (Argentina 1976-1983).

Después de una semana de comparecencias, finalmente Garzón tomó la palabra como testigo, en la que se acogió al derecho de no responder a las preguntas de la parte acusadora –el abogado de Manos Limpias– al considerar que no estaba legitimado en la causa, pero sí respondió tanto al fiscal del Estado –que expresó su perplejidad por la instrucción del caso y la naturaleza del juicio– como a su propio abogado.

Garzón, que está suspendido temporalmente desde mayo de 2010, explicó que como juez tiene la obligación de investigar crímenes de lesa humanidad, así que se limitó a asumir todas las denuncias con apariencia delictiva de las víctimas, en función de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todas había un componente humano muy importante. Entre los delitos investigados destacan los relacionados con el robo de centenares de recién nacidos, arrebatados a sus madres por razones ideológicas y después vendidos o entregados a familias afines al régimen.

Mantenía y mantengo que... la desaparición forzada de personas en un contexto de crímenes contra la humanidad es un delito permanente, afirmó Garzón, quien añadió: entendí, interpreté, que era admisible la conceptuación como típicos delitos contra la humanidad y dentro de la obligación de todo juez de investigar estos hechos. La investigación de esos crímenes está justificada. El propio estatuto de Nuremberg despliega sus efectos más allá de los años 30 y justifica esa investigación, advirtió.

Los magistrados de la sala de lo penal decidieron rechazar todas estas cuestiones previas, al sostener que en perjuicio de los excesos que han sido denunciados, los actos que se han producido no tienen entidad material suficiente para la nulidad. Es decir, que el juicio continuará y habrá sentencia, al sostener que los escritos de acusación son suficientes para entender formulada una imputación.

Garzón volvió a contar con el apoyo de familiares y víctimas de la represión, así como de los indignados ante lo que llaman un juicio político impulsado por políticos y jueces filofascistas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica advirtió en un comunicado que si toda la estructura judicial española no es capaz de dar justicia a quienes han padecido el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano, eso quiere decir que tenemos un problema... Los delitos que trató de investigar Baltasar Garzón no tienen protección posible por una ley que impida el derecho que tienen las familias a la verdad, a la justicia y a la reparación.