Madrid, 2 de febrero. Mi abuela ya murió y sólo cerró sus heridas con la muerte. Yo lo que pretendo es que antes de fallecer, mi madre pueda cerrar las suyas con la justicia, la verdad y la reparación del daño, aseguró ante la sala del Tribunal Supremo María Antonia Oliver París, una de las dos nietas de víctimas de la dictadura de Franco que comparecieron en calidad de testigos en el caso contra el juez Baltasar Garzón.

El magistrado español, el único que ha dado trámite a centenares de denuncias presentadas ante tribunales españoles sobre los crímenes perpetrados en la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-1975), está acusado de prevaricación y podría ser inhabilitado hasta por 20 años.

Los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Garzón por investigar los delitos del franquismo escucharon por segundo día consecutivo los testimonios de las víctimas y sus familiares sobre la represión ejercida por la dictadura que, según el acusado, tenía un plan sistemático de desaparición, tortura y asesinato por motivos ideológicos.

La justicia española, hasta ahora, no había escuchado a las víctimas y mucho menos había adoptado medidas legales para reparar y esclarecer los delitos, algunos sin prescribir por tratarse de desapariciones forzadas, robo de bebés y ejecuciones masivas y sumarias.

Garzón era la única opción que teníamos para cerrar nuestras heridas, explicó una testigo, quien reconoció que el papel del magistrado, en particular, y de los tribunales españoles, en general, al abrir un juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en las dictaduras de Chile, de Augusto Pinochet (1973-1990), y de Argentina, de las juntas militares (1976-1990), les hizo albergar la esperanza de que sus reclamos de justicia serían escuchados.

No fue así y ahora el único juez que abrió diligencias está a punto de ser inhabilitado, lo que supondría el final de su carrera y, lo más grave, la claudicación formal de la justicia española a investigar estos crímenes al haber sentencia firme del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial.

También compareció Josefina Musulén Giménez, quien se identificó como nieta de desaparecido que sigue buscando con la misma dignidad, pero sin el miedo que tenían nuestros padres, a nuestros seres queridos. A Josefina le arrebataron a su abuelo y a su abuela (embarazada) el 13 de agosto de 1936, cuando un falangista lo fue a buscar a su casa por pertenecer a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Se suponía que a las mujeres embarazadas no las podían fusilar. Pero nos dijeron que a mi abuela le dieron un tiro en la tripa. Después nos contaron que la ingresaron al Hospital de Gracia y que una mujer la acompañó al paritorio. A mi abuela no la volvimos a ver y a la niña tampoco. Así supimos hace 33 años que mi madre tuvo una hermana sana

El juicio se reanudará este viernes con la declaración de seis testigos más propuestos por la defensa.