l primer aniversario de la caída de Hosni Mubarak en Egipto –ocurrida el 11 de febrero de 2011, luego de una asonada popular de 18 días en la emblemática plaza Tahrir de El Cairo– estuvo marcado por la convocatoria a una huelga general realizada por sectores inconformes de la sociedad de ese país, a fin de presionar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas –en el poder desde hace un año– para que entregue el control a un gobierno civil. El llamado a la movilización, sin embargo, tuvo poco impacto entre una población cada vez más afectada por la crisis económica, y se quedó lejos de las históricas jornadas de protesta que derivaron en la caída del rais.
Es significativo que uno de los principales opositores a la huelga general haya sido la poderosa Hermandad Musulmana, agrupación fundamentalista islámica que participó en las protestas de enero y febrero de 2011, y cuyo brazo político, el Partido Libertad y Justicia, fue el gran vencedor en las primeras elecciones parlamentarias de la era pos Mubarak, que se desarrollaron entre noviembre y enero pasados. El boicot emprendido por la hermandad a la convocatoria de la Alianza de Revolucionarios Egipcios –plataforma que agrupa a sindicatos, partidos laicos y agrupaciones estudiantiles inconformes– pone en perspectiva una división en el amplio bloque popular que hace un año echó a Mubarak del poder y que hoy transita entre las acusaciones cruzadas: mientras que el movimiento islamista señala que las protestas que persisten en Egipto son extremadamente peligrosas y amenazan a nuestra nación y a nuestro futuro
, los sectores inconformes con los resultados de la transición egipcia acusan a los hermanos musulmanes de haber desvirtuado las causas que detonaron la revuelta del año pasado, e incluso de haber pactado con la junta militar.
Por otra parte, salvo el inicio de procesos judiciales contra Mubarak, los componentes del descontento que dieron origen a las movilizaciones en la plaza Tahrir siguen intactos. El repudio expresado por la sociedad egipcia a la cúpula político-militar que controla el país desde hace 12 meses –en la que se encuentran incrustados cuadros prominentes de la dictadura, como el antiguo ministro de Defensa, Husein Tantaui– está originado en la continuidad de la política de mano dura que caracterizó al régimen del rais: dicha continuidad se expresa, entre otros elementos, en la vigencia de hecho de la denostada Ley de Emergencia –que prevé medidas policiales y judiciales excepcionales y que los militares sólo han suspendido parcialmente–; en la persistencia de juicios militares entablados en contra de civiles –más de 12 mil 400 desde la caída de Mubarak–; en la cruenta persecución de la junta castrense contra activistas de derechos humanos, líderes políticos e incluso usuarios de redes sociales que han expresado señalamientos adversos al régimen, y en la proliferación de denuncias por tortura, desapariciones y asesinatos a manos de efectivos oficiales.
En retrospectiva, los resultados alcanzados a un año de la revolución egipcia tal vez no sean tan sorprendentes. A final de cuentas, el amplio movimiento social que sacudió la nación norafricana hace un año, si bien hizo alarde de frescura, imaginación y modernidad, fue incapaz de generar una propuesta programática y organizativa que le permitiera a ese país transitar más allá de la defenestración del odiado ex gobernante, y ello posibilitó que el gran vencedor de la revuelta sea, según puede verse, el fundamentalismo islámico.
Por su parte, las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, han persistido en la doble moral que les caracterizó durante las tres décadas que toleraron al régimen de Mubarak, y en los meses anteriores decidieron mirar hacia otro lado ante la brutalidad represiva de los militares. Sólo la reciente persecución en contra de una veintena de activistas pro derechos humanos estadunidenses por parte de las autoridades de El Cairo –acusados de realizar actividades políticas de manera ilegal– ha podido motivar que Washington suba el tono de sus críticas a la junta militar egipcia. En cualquier caso, éstas no se comparan con las acciones de desestabilización emprendidas por la Casa Blanca para derrocar al régimen libio de Muamar Kadafi, o con las que actualmente se desarrollan en Siria contra el gobierno de Bashar Assad.
Ante la dureza en el control de la junta militar, frente al avance político del fundamentalismo islámico, y con el obstáculo de la doble moral de Washington y sus aliados, los sectores seculares y progresistas de la sociedad egipcia ven reducido su margen de maniobra para completar una transición iniciada por ellos mismos y ello nubla las perspectivas de una democratización efectiva en ese país norafricano.
