l Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó ayer a la Secretaría de Marina (Semar) que busque y divulgue el número de empleados públicos adscritos a esa dependencia que hayan sido cesados o procesados por presuntos vínculos con el crimen organizado o bandas delictivas. De esa manera el Ifai revocó la respuesta inicial dada por la Semar a un particular que pidió esa información: los datos requeridos, había contestado la dependencia, ya son públicos y se encuentran en el Sistema Infomex. El peticionario presentó un recurso de revisión, señalando que esa base de datos sólo registra información sobre militares con mando, no de todo el personal.

El tema es de gran interés público porque atañe a la infiltración de la delincuencia organizada en la institución a la que con mayor frecuencia y confianza ha recurrido el Ejecutivo federal para combatirla

En distintas escalas, tal infiltración existe en el conjunto de las corporaciones de la fuerza pública y hay razones para sospechar de su gravedad, pero hasta ahora la sociedad no cuenta con información suficiente que le permita hacerse una idea clara de sus dimensiones.

Desde hace años el gobierno federal ha venido refiriéndose a la descomposición de las corporaciones policiales estatales y municipales para explicar el fracaso de su estrategia de seguridad pública y combate a la criminalidad, y ha sido acusado de usar tal información con propósitos de golpeteo político contra administraciones priístas y perredistas.

En cambio, hasta ahora, el Ejecutivo federal ha guardado silencio sobre la corrupción que impera en sus propias dependencias y sobre la manera en que ese fenómeno ha incidido en el rumbo que tomó la guerra contra la delincuencia declarada por la administración calderonista desde sus inicios.

Más aún, el tamaño de la infiltración de la criminalidad en las corporaciones federales de la fuerza pública, tanto civiles como militares, tuvo que ser, salvo que se hubiese actuado con una irresponsabilidad mayúscula, un dato crucial en la determinación del actual gobierno de emprender esa guerra, y si hubiese sido correctamente ponderado habría podido marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la estrategia aún en curso.

Ciertamente, el dato solicitado por medio del Ifai a la Semar es sólo un fragmento de la información con la que el poder público debe contar acerca de los vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado, y ni siquiera basta por sí mismo para entender el grado de integridad y fiabilidad del personal de la dependencia mencionada: la cantidad de delitos no necesariamente guarda proporción con las veces en que se recurre a los mecanismos de justicia para investigarlos y, en su caso, sancionarlos.

Por ello es pertinente y positivo que la sociedad busque información adicional sobre la infiltración de la delincuencia en las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y procure hacerse una idea clara de las dimensiones de este desafío. Cabe esperar que en los meses que le restan la administración calderonista se abstenga de obstruir ejercicios de transparencia como el aquí comentado, y colabore en el esclarecimiento del fenómeno.