l panismo-felipismo está calentando la plaza electoral. Tal como se venía mencionando con insistencia desde meses atrás, el tema del narcotráfico ha sido convertido por Los Pinos en el punto central de una campaña que pretende satanizar al partido y al candidato presidencial punteros (todavía) en las preferencias comiciales mediante la asignación maniquea de responsabilidad criminal en el complejo, manipulable y multifactorial tema de la delincuencia organizada.

Es natural que se centre el tema de la narcopolítica en el partido de tres colores, entre otras cosas porque muchas de las entidades donde se ha cometido la mayor parte de delitos relacionados con tal negocio (80 por ciento, según acaba de precisar Gustavo Madero, el presidente formal del PAN) están gobernadas por priístas y porque en las respectivas sociedades locales está plenamente arraigada la convic- ción de que esos mandatarios han cedido parte importante de su poder a alguno o algunos de los diversos cárteles en pugna. Otro dato importante es que varios de los gobernadores bajo fundada sospecha de estar relacionados o abiertamente alineados con el narcotráfico forman parte del núcleo operativo y financista de la ya larga marcha del peñanietismo.

Y no es menor el hecho de que ciudadanos angustiados por el horror y la barbarie actuales hayan picado con pragmatismo desesperado el anzuelo electoral del PRI y su candidatura presidencial justamente porque hay la percepción generalizada de que esos priístas con poder conocen los entresijos del narcotráfico y tienen posibilidades de negociación y control o normalización de esas actividades.

No hay, sin embargo, monopolio priísta en esas materias. Varios de los gobernadores panistas y perredistas han estado continuamente bajo acusaciones similares, aunque el fuego federal no los ha afectado de la misma manera. Una visión global de los escenarios de guerra relacionados con el narcotráfico muestra una intensa actividad desestabilizadora en los territorios dominados por el PRI, y en uno de los perredistas, Michoacán, de expreso interés familiar del calderonismo, como si los conflictos se hubieran concentrado de manera especial en zonas donde la agudización del conflicto pudiera tener consecuencias políticas y electorales. Mención aparte merece el papel del propio gobierno federal, acusado con insistencia de poner el aparato de persecución del narcotráfico al servicio de un grupo en particular.

Pero, a pesar de todo, por encima de todo, está en curso una campaña inequívoca de Los Pinos, la dirigencia formal del PAN y la candidata presidencial para etiquetar a diversos personajes priístas como partícipes del narcotráfico. Si el propósito fuera genuinamente justiciero, y de índole general y no selectiva, merecería apoyo sin restricciones y con seguridad una gran gama de ilícitos sería descubierta y eventualmente castigada. Pero difícilmente se puede creer en buenas intenciones cuando lo que se está viendo es una estrategia electoral para favorecer al partido federalmente en el poder.

A pesar de los fracasos ruidosos que tuvo en el intento de procesar a Carlos Hank Rhon, y como si no hubiera vivido la vergonzosa derrota por unanimidad en el asunto conocido como el michoacanazo, Calderón está empujando la daga contra el priísmo peñanietista (ciertamente oscuro, merecedor de indagaciones a fondo y sanciones penales diversas) y ha llegado al extremo de decir que quien no combata al crimen no debería gobernar, como si solamente hubiera una manera de hacerlo, la que él sangrientamente ha desarrollado. Hay una estrategia de polarización que corresponde con lo hecho seis años atrás por el mismo publicista del envenenamiento público, Antonio Solá, quien ahora maneja a Josefina Vázquez Mota.

Del lado priísta ayer mismo se conocieron amagos de respuesta enérgica. Eruviel Ávila, a quien Peña Nieto dejó como sucesor en el estado de México, demandó en un multitudinario acto de acarreo organizado para el esposo de la Gaviota que no les piquen la cresta, pues el priísmo de esa entidad responderá toda difamación y ataque recibido, como si ese partido estuviera decidido a organizar batallones de camisas rojas, totalmente alejadas de aquel anticlericalismo de Tomás Garrido Canabal, pero sí dispuestas ahora a castigar a los felipistas desatados.

Por su parte, el candidato de las izquierdas (al que el PAN-gobierno relega en términos declarativos, con la esperanza de fijar la contienda solamente entre Peña Nieto y Vázquez Mota) ha insistido en la importancia de las políticas sociales para impedir que se creen las condiciones que luego estallan a través de la delincuencia organizada. Respecto a Tomás Yarrington, el ex gobernador de Tamaulipas acusado en Estados Unidos de actos de narcotráfico por uno de esos famosos y desconfiables testigos protegidos, López Obrador ha demandado que no se manoseen esos procesos y que, si hay pruebas contra ese ex mandatario, se les dé el curso procesal adecuado.

Astillas

Si se revisaran las listas de candidatos que están presentando los diversos partidos para integrar órganos legislativos, pareciera que nunca hubiera existido una crisis general del sistema político mexicano. Personajes impresentables están siendo habilitados en los partidos nacionales para que garanticen a los mexicanos tres o seis años, según el tipo de cargo que se busque, de continuidad del esquema largamente impugnado. Deberían preguntarse los secuestradores del ánimo cívico mexicano si el estado de salud del sistema aguantará a ciertos personajes como senadores durante un sexenio… En la política tradicional, cuando se ofrecen respaldos públicos es porque se ha carecido de ellos. Por lo pronto, la cúpula panista (no toda) ha expresado su apoyo a Isabel Miranda de Wallace, candidata a gobernar la capital del país… A su vez, la priísta Beatriz Paredes ha arrancado su campaña por el DF en compañía de su original destapador, Enrique Peña Nieto, quien sigue moviéndose solamente conforme al libreto que previamente le han elaborado… ¡Hasta mañana, en esta columna triste!

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