omo sucede en muchos otros países cuando se reprime a manifestantes, la policía de Panamá asegura que no fueron sus efectivos los que causaron la muerte de dos indígenas de la etnia ngäbe-buglé al desalojar a quienes tenían bloqueada la carretera Panamericana y otras vías de comunicación en la región limítrofe con Costa Rica. Negó que las unidades antimotines utilizaran rifles de asalto en el desalojo que dejó decenas de heridos (entre ellos seis policías) y detenidos, y cuantiosas pérdidas económicas. Los indígenas y otros pobladores llevaban una semana protestando contra un proyecto minero para extraer oro y cobre y la construcción de una hidroeléctrica en las provincias de Chiriqui y Veraguas.

El presidente panameño, el empresario Ricardo Martinelli, había prometido proteger la riqueza natural de la región, donde habitan los 200 mil integrantes del pueblo ngäbe-buglé, muy combativos en la defensa de sus tierras, donde practican la agricultura de subsistencia: maíz, arroz, frijol, yuca y plátano. Igualmente se ocupan como jornaleros en las grandes fincas bananeras o migran a Costa Rica en la época de la recolección de café. Son finos artesanos. Luego de intensas negociaciones con los inconformes (a los que apoyan sindicatos obreros, defensores del medio ambiente y las comunidades indígenas locales y de Costa Rica), el gobierno aceptó negociar el futuro de la explotación minera e hidroeléctrica.

Famatina es un pueblo de 6 mil 500 habitantes enclavado en la cordillera de los Andes argentinos. Ahora es noticia por su oposición a que una minera canadiense realice durante 30 años trabajos a cielo abierto para sacar oro con valor cercano a 25 mil millones de dólares. Los pobladores de Famatina consideran que la explotación minera será una fuente de contaminación del agua y de la tierra y origen de muchos más problemas, como ocurre en las provincias de Catamarca y Tucumán, cuya población no ha salido de la pobreza. En la primera se ubica la más grande mina a cielo abierto del país, Alumbrera, rica en oro y cobre, y es muy cuestionada porque demanda mucha agua y contamina.

La lucha en Famatina cuenta con el apoyo de diversos grupos sociales y de personajes de la vida pública que cuestionan la política del gobierno argentino de intensificar la actividad minera como forma de atraer inversión extranjera y aumentar el ingreso público. Bienvenida esa inversión y esos ingresos, pero no a costa de la naturaleza y el bienestar de las poblaciones afectadas por la minería, dicen los inconformes. Los empresarios mineros aseguran que no contaminan ni están acabando con el agua.

También en Perú afloran los conflictos entre las mineras y la población. La minería es la actividad de más rápido crecimiento las décadas recientes, al grado de representar más de 60 por ciento de las exportaciones peruanas. La producción de cobre se duplicó en poco más de un lustro y la de oro en un tercio. La minería la controlan 10 grandes trasnacionales. Pero este acelerado crecimiento ha ido de la mano de conflictos sociales y políticos. Aunque la minería y otras actividades económicas han propiciado el crecimiento económico los años recientes, no han servido para abatir las condiciones de pobreza y desigualdad, a lo que se agrega una débil presencia estatal en las regiones sede de esa actividad y el temor a la contaminación, fundamentalmente el agua y la tierra. Es lo que sucede en Cajamarca, Piura, Tacna o Ancash, donde no han recibido el beneficio de la explotación de los recursos naturales. Uno de los desafíos del gobierno del presidente Humala es revertir tal situación. ¿Lo logrará cuando las empresas mineras (destacadamente las trasnacionales) quieren garantizar la máxima ganancia para sus inversiones?

En México, los empresarios mineros publicitan su contribución a la creación de empleos, a la riqueza del país. Sin embargo, algo debe andar mal cuando las explotaciones mineras despiertan tanta oposición. No solamente por afectar el medio ambiente y la calidad de vida de las poblaciones donde se ubican, sino por las tragedias que ocurren por malas condiciones de trabajo, y la corrupción y la negligencia del gobierno.