El periodo de intercampaña se iniciará el próximo jueves (16 de febrero), en medio de criterios diversos entre los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) –consejeros y representantes de partidos políticos– acerca de lo que pueden hacer los contendientes de esa fecha hasta el 30 de marzo, día fijado por la ley para el arranque de las campañas.

Ante ello, los consejeros trabajan en la elaboración de lineamientos de los alcances de este periodo especial de 45 días y, en consecuencia, de lo que será motivo de sanción.

Para evitar confusiones de partidos –e incluso de los medios de comunicación–, los consejeros planean difundir un desplegado acerca del marco legal de ese lapso, así como de las características que deberán tener las eventuales apariciones de los diferentes abanderados en encuentros públicos.

Independientemente de los criterios y opiniones, la ley prohíbe hacer proselitismo y llamados al voto en el periodo previo al inicio de las campañas. De comprobarse tal irregularidad, el código electoral prevé como pena la negativa o cancelación del registro de quien pretenda contender en la elección del primero de julio.

Aunque hay bases generales, según lo que marca el artículo 211 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), representantes partidistas coinciden en que los lineamentos pueden ser motivo de interpretaciones y, por tanto, de un alud de quejas que obstaculicen el desarrollo de las campañas.

Sin duda, la ley es poco clara respecto de lo que se puede o no hacer (en la intercampaña); me parece que fue una omisión de la ley electoral 2007-2008 y, bueno, estaremos pendiente de cuál será el análisis final, señaló Andrés Massieu, representante del PRI ante el IFE.

Comentó que al igual que en el resto de los partidos, los abogados del PRI están analizando el particular.

El Cofipe plantea aspectos generales para el periodo de precampaña, registro de candidatos y campañas. Sin embargo, hay una regla firme para todo el proceso, derivada de la reforma electoral que han impugnado los concesionarios: la prohibición de contratar espacios en radio y televisión para la difusión de mensajes políticos.

El periodo de intercampañas está indicado, entre otros aspectos, para el registro de candidaturas postuladas ante el IFE; de ahí que surjan dudas de los representantes partidistas acerca de cómo deben ser las apariciones públicas de sus abanderados durante los 45 días en cuestión.

El consejero Marco Baños, presidente de la comisión de prerrogativas y partidos políticos e integrante de la comisión de capacitación y organización para el proceso electoral federal 2011-2012, hizo algunas puntualizaciones en respuesta a lo que en los pasillos del propio instituto se escucha como confusiones o intento de confusiones deliberadas del periodo de intercampaña.

En principio, dijo el consejero, debemos aclarar que en ese lapso los partidos políticos no tendrán espacios en radio y televisión (los minutos disponibles de los llamados tiempos oficiales serán usados por los organismos electorales para difundir la información institucional que corresponda al proceso de organización de los comicios).

En segundo término, subrayó, no se podrán hacer debates entre los contendientes porque, en rigor, aún no estarán registrados formalmente ante el IFE como candidatos.

Estos trámites correrán hasta la primera semana de marzo, pero la decisión final, de otorgar el registro al candidato postulante, la toma días después el Consejo General del instituto.

Tanto Baños –también presidente del comité de radio y televisión– como el consejero Benito Nacif, presidente de la comisión de quejas, coincidieron en que la prohibición de debates no significa que no puedan aparecer en algún programa o encuentro hablando de temas de interés general, siempre y cuando no llamen al voto.

Tampoco estarán prohibidas reuniones de los abanderados con sus estructuras internas para organizar la campaña.

–¿Cómo se prepara el IFE para afrontar un eventual alud de quejas y acusaciones de actos anticipados de campaña?

–El instituto tiene una estructura jurídica amplia y suficiente para recibir todas las quejas de los partidos políticos y dictaminarlas con rapidez, ya sea por una intervención indadecuada de los candidatos en el periodo de intercampañas; por un uso indebido de espacios en radio y televisión, o por una adquisición ilegal de espacios en estos medios o bien por asuntos de propaganda denigratoria que también constituyen tema de revisión.

Para el análisis de un eventual acto anticipado de campaña sí hay criterios más o menos unificados; por ejemplo, una ilegalidad de esa naturaleza podría ser un mitin en el que haya un llamado abierto al voto de los ciudadanos en favor de un candidato o de una preferencia partidaria.

Tampoco se puede aparecer, añadió Baños, en las pantallas de televisión llamando a la gente a votar por esa persona.

Un candidato, por ejemplo, podría ir a una entrevista en televisión porque es libertad del medio invitarlo y del candidato postulado aceptarlo, pero en las pantallas no podría hacer un llamado a los ciudadanos a que voten por él o conozcan sus principales propuestas en términos de sus plataformas políticas, dijo.

Hay claridad también, señaló, en lo que es una expresión denigratoria: “no se van a permitir enunciados como ‘es un peligro para México’ o ‘cállate, chachalaca’”.

En ese contexto, comentó en entrevista, hago un llamado a la sensatez; los partidos políticos saben lo que pueden y no pueden hacer. Las quejas son un medio que debe ser usado con sensatez por las fuerzas políticas. Esperamos que no haya un alud de quejas frívolas.