El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Secretaría de Marina (Semar) buscar y dar a conocer el número de los funcionarios de esa dependencia, de cualquier jerarquía, cesados y/o procesados por presuntos vínculos con el crimen organizado o bandas delictivas, de 2006 a 2011.

En un comunicado, el instituto destaca que la respuesta de la Semar fue que a partir de otra solicitud de información atendida, los datos ya son públicos y están disponibles en el sistema Infomex.

Sin embargo, el particular que pidió tal información presentó un recurso de revisión ante el Ifai, argumentando que los datos referidos por la Semar corresponden únicamente a militares con mando y no a todos los funcionarios, como él lo requirió.

Del análisis de la normatividad aplicable, se concluyó que la Semar cuenta con diversas unidades administrativas competentes para conocer de la información solicitada, como la oficina del Oficial Mayor, la Unidad Jurídica y la Dirección de Recursos Humanos.

Por tanto, el pleno del Ifai determinó revocar la respuesta de la Semar e instruirle a hacer una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas competentes, la cual deberá entregar al particular.

Por lo que toca al Ejército Mexicano y de acuerdo con información pública, en esta administración al menos 174 militares han sido procesados y destituidos por posesión de drogas, como mariguana y cocaína, y por permitir, tolerar o participar en el tráfico de estupefacientes.

Según datos públicos, entre los cesados hay 12 comandantes de bases de operaciones, 11 comandantes de pelotón y ocho comandantes de escuadrón, además de un general. Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que, en 2006, 15 militares fueron procesados, tres en 2007, uno en 2008 y 33 en 2010, mientras que el año pasado se reportó el mayor número de soldados vinculados con actividades ilícitas, al alcanzar la cifra de 50.

La semana pasada se informó que a un general y 29 soldados bajo su mando acuartelados en Chihuahua se les sigue un proceso por cargos de narcotráfico, homicidio y tortura, entre otros, a quienes se les acusó desde agosto de 2009. Otros casos se reportaron en Tijuana, Baja California, donde al menos ocho militares fueron detenidos al momento de transportar una tonelada de cocaína. Fueron detenidos en un retén militar.