El presidente de la República, Felipe Calderón, devolvió al Senado con observaciones el decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo 7 del artículo 25 constitucional, por considerar que dicho ordenamiento contiene ambigüedades, algunos de sus contenidos no tienen sustento constitucional e invade facultades del Ejecutivo.

Sostiene Calderón que el decreto presenta inconsistencias jurídicas, el Congreso de la Unión carece de facultades para expedir una ley general, además de que crea confusión, duplica funciones y genera antinomias.

En un escrito de 25 páginas, el Ejecutivo expone a los senadores las razones por las que devuelve dicho decreto para que lo revisen y corrijan.

Calderón refiere que dicha reforma, que surgió de la iniciativa de un senador, tuvo como propósito la emisión de un ordenamiento que facilitara la organización y la expansión de la actividad económica del sector social de la economía, así como el fomento e impulso por parte del Estado, la definición de las reglas de organización promoción, fomento y fortalecimiento del sector social de la economía, por medio de la puesta en marcha de un sistema que contribuyera al desarrollo social económico del país, a la generación de empleos y a la equitativa distribución del ingreso, logrando con ello una mayor generación de patrimonio social.

La ley reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 constitucional que el Senado elaboró, plantea la creación del instituto nacional de economía social como órgano desconcentrado, un registro nacional de organismos del sector social, un fondo de fomento de economía social, un congreso nacional de organismos del sector social de la economía y un consejo nacional del congreso nacional de organismos del sector social de la economía.

Calderón subraya en las observaciones que hizo al decreto aprobado por el Congreso, que es evidente que tanto la iniciativa como el proyecto de decreto parten de la premisa consistente en que hay una falta de regulación del sector de mérito. Sobre este particular, el Ejecutivo federal a mi cargo no comparte la premisa señalada por el legislador, ya que resulta inadmisible que se aduzca una falta de regulación dirigida al impulso del sector de la economía social, cuando actualmente existen diversas leyes generales y federales que, de conformidad con la naturaleza de los propios actores que regulan, indican diversos programas de apoyo.

El Ejecutivo enumera 15 ordenamientos ya existentes que regulan al sector. Entre otros cita la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Agraria, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Asociaciones Agrícolas, la Ley General de Asociaciones Cooperativas, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley de Sociedades de Solidaridad Social y la Ley Orgánica de Financiera Rural.

Calderón detalla que se opone a la creación del instituto nacional de la economía social como un órgano administrativo desconcentrado con características que, a consideración del Ejecutivo a mi cargo, sobrepasan los principios constitucionales y legales de organización administrativa que contempla nuestro orden jurídico.

Por lo que respecta al registro nacional de organismos del sector social, éste pudiera llegar a generar duplicidad de funciones y multiplicidad de información en relación con otros registros que actualmente existen en la administración pública federal, los cuales también se encuentran dirigidos a brindar un apoyo a las entidades que constituyen el sector social.

En lo que toca al fondo de fomento a la economía social, genera un esquema muy complejo, y resulta inconstitucional, en razón de que el ejercicio de la facultad reglamentaria es vinculante para la administración pública y no así para las entidades federativas y los municipios.

Calderón subraya que es innecesaria la creación del instituto nacional de la economía social, debido a que ya se cuenta con una estructura administrativa para el cumplimiento de los objetivos de los programas en cuestión.