Ginebra, 15 de febrero. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de México que dé explicaciones sobre el secuestro de 22 mil migrantes, uno de los puntos abordados durante dos días de audiencia pública en Ginebra.

México debe rendir cuentas sobre el secuestro de 22 mil migrantes, reiteró a la Afp el guatemalteco José Francisco Cali Tzay, uno de los 16 expertos de este comité, quien formuló el requerimiento durante los debates a la nutrida delegación mexicana asistente, sin conseguir ninguna respuesta.

Hay criminalización de la protesta social y el ejemplo son los asesinatos del indígena José Trinidad de la Cruz por disputa de tierras, abatido por paramilitares, y de José Ramón Aniceto y Agustín Cruz, otomíes, detenidos arbitrariamente por un conflicto de acceso al agua, agregó el experto colombiano Pastor Elías Murillo Martínez.

Los países que han ratificado la Convención contra la Discriminación Racial de la ONU piden a estos expertos que, reunidos en comité, los examinen con el fin de verificar si respetan la convención.

Tras los debates orales, el comité emite recomendaciones al Estado concernido, lo cual en el presente caso de México será el próximo 9 de marzo.

Creo que el comité ha reconocido que hay una revolución jurídica garantista en México para terminar con la impunidad, limitar los excesos del poder y no dar valor probatorio a confesiones producidas en ausencia de un abogado, declaró a la Afp Alejandro Negrín Muñoz, director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de México.

En tanto el experto estadunidense Carlos Manuel Vázquez estimó que empeora la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad. Su colega de Francia Régis de Gouttes constató que hay racismo contra indígenas en el seno de la población mexicana por prejuicios de larga data.

México no protege derechos de las mujeres indígenas y de los migrantes, practica un racismo por omisión, precisó el experto Cali Tzay.

México deportó un indígena a Honduras por su perfil físico, quien tuvo que trabajar para juntar el dinero y pagarse el viaje de regreso al estado de Guerrero, de donde era oriundo, subrayó Cali Tzay.

La experta Fatima-Binta Victoire Dah, de Burkina Faso, preguntó al gobierno de México cuándo va a retirar las tropas del Ejército de la lucha contra el narcotráfico, pero tampoco obtuvo respuesta.

Janitzio Durán Ortegón, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, aseguró que todo proyecto de explotación de recursos mineros o energéticos obliga a la empresa a presentar un informe del impacto ambiental, que es verificado por un órgano del Estado, en el contexto de consultas con las poblaciones afectadas.

Hemos avanzado en la educación de lenguas indígenas, hay intérpretes para los casos sometidos a los tribunales, no toleramos violaciones de los derechos humanos, el gobierno es transparente y hay más garantías que antes en el combate contra la delincuencia organizada, fueron los argumentos del representante de la SRE ante el organismo.