Las universidades públicas estatales enfrentan obligaciones en el pago de pensiones y jubilaciones por 496 mil 392 millones de pesos, es decir, 22.4 por ciento más en términos reales que en 2002, cuando inició la aplicación del fondo extraordinario para abatir este déficit, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2010.

En su reporte de resultados del régimen de pensiones y jubilaciones en 28 instituciones públicas estatales que ese año recibieron recursos federales para hacer frente a sus pasivos financieros, destaca que las reformas estructurales aplicadas por estas casas de estudio han tenido un impacto positivo en mejorar la viabilidad financiera de sus sistemas de pensiones, pero no han logrado revertir la tendencia creciente de los pasivos laborales, lo que puede poner en riesgo la calidad educativa y el desarrollo de los programas académicos y de investigación.

Además, el ente fiscalizador señala que de los 164 mil 473 trabajadores del sistema público universitario, al menos 81.6 por ciento tienen una pensión complementaria a la establecida en la Ley del Seguro Social (IMSS) y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, entre 2002 y 2010 se destinaron recursos federales por 10 mil 57 millones de pesos, para intentar abatir el déficit en pasivos por el pago de pensiones.

Sin embargo, el monto total destinado cada año se redujo en promedio 5 por ciento, al pasar de mil 511 millones de pesos en 2002 a mil millones para 2010.

De estos recursos, 3.9 por ciento (396.2 millones) se destinaron a cinco universidades públicas estatales afiliadas a alguna institución de seguridad social. 24.4 por ciento adicional (2 mil 447 millones) se destinaron a 10 instituciones que cuentan con un régimen complementario; 36.1 por ciento (3 mil 633 millones) a 11 escuelas que cuentan con su propio régimen de pensiones; mientras que 35.6 por ciento (3 mil 581 millones) se invirtieron en siete casas de estudio con su propio sistema, pero cuyos trabajadores también reciben pensiones del IMSS.

La ASF señala que al menos 13 de las 28 instituciones fiscalizadas no cuentan con un plan de pensiones solventes a mediano plazo, mientras que la proporción de trabajadores pensionados respecto de los que permanecen activos es de un 20.8 por ciento, con un total de 27 mil 824 en retiro, frente a 134 mil 125 personas que aún laboran.

Cubrir el défict en 104 años

El organismo fiscalizador revela que existen casas de estudio, como el Instituto Tecnológico de Sonora, las cuales podrían cubrir su déficit presupuestal hasta el año 2116, es decir, en 104 años, si las tasas de rendimiento anual se mantienen en 3.5 por ciento.

Así, la Universidad de Guadalajara lo alcanzaría en el año 2039, las universidades autónomas de Baja California Sur e Hidalgo en 2024; la de Aguascalientes y Ciudad Juárez en 2023, mientras que Sinaloa lo logrará en el año 2022.