La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la licitación 21 de espectro en la banda de 1.7 gigahercios (Ghz), pero dado el número de litigios abiertos durante ese proceso no pudo emitir un dictamen para determinar si en realidad hubo un quebranto al erario por 4 mil 800 millones de pesos.

A finales de 2011 Iusacell y Nextel llegaron a un acuerdo después de más de 60 litigios en contra de la actuación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y más de un año de enfrentamientos, esto después de que la ASF cerró la revisión de la Cuenta Pública de 2010. Las empresas se desistieron de todos los procesos abiertos. Nextel sigue con el tendido de la red para explotar la concesión y Iusacell dijo que la licitación 21 fue legal.

La ASF abordó la licitación 21 a través de una auditoría especial a la SHCP porque fue la responsable de fijar el precio mínimo para los bloques de espectro que licitó la Cofetel. Sin embargo, la ASF se abstuvo de emitir un dictamen porque cuando concluyó el trabajo sobre la Cuenta Pública 2010 había una larga lista de litigios interpuestos por una filial de Grupo Iusacell que abarcaban desde la emisión de bases de licitación hasta la entrega de títulos de concesión a la sociedad integrada entonces por Televisa y Nextel y la explotación de los mismos.

La ASF inició la investigación especial porque Grupo Iusacell dijo que se cometía un daño patrimonial a la hacienda pública mayor a 4 mil 800 millones de pesos.