San Juan de Sabinas, Coah., 19 de febrero. Sobre la carretera entre Sabinas y Múzquiz está el camino que conduce a la mina Pasta de Conchos. No es difícil encontrarlo; en el entronque hay una fila de cruces de madera pintadas de blanco con los nombres de los 65 obreros que murieron allí hace seis años.

Es el camposanto en que se convirtió la carbonera concesionada a Industrial Minera México y Grupo México, ante la renuencia de empresarios y del gobierno federal a reanudar los trabajos de búsqueda y rescate de los 63 cadáveres que siguen atrapados desde el 19 de febrero de 2006.

El reporte oficial señala que esa noche las concentraciones de gas metano con que la mina funcionaba de manera cotidiana se activaron con una chispa que ocasionó un cortocircuito y hubo una explosión que derrumbó el techo y las paredes del socavón.

Los mineros estaban a unos 700 metros de distancia de la bocamina y una semana después del estallido el entonces secretario de Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, canceló la posibilidad de rescatarlos con vida.

El 23 de junio de ese año los brigadistas encontraron y rescataron el cadáver de Felipe de Jesús Torres Reyna, y el 31 de diciembre ocurrió lo mismo con los restos de José Manuel Peña Saucedo.

En abril de 2007 el gobierno federal suspendió la búsqueda al argumentar que la mina estaba repleta de gas y filtraciones de agua, y que la descomposición natural de los cadáveres ponía a los brigadistas en riesgo de morir por una nueva explosión o contagiados por alguna enfermedad.

Seis años después de la tragedia los deudos acudieron nuevamente a las instalaciones de la carbonera, instalaron un altar con flores y participaron en una misa donde se pasó lista de ausencia para cada uno de los trabajadores caídos.

El párroco de San Fernando, en el municipio de Zaragoza, Juan Andrés Dávila, les dijo que perdonar con el corazón lo ocurrido no significa apartarse de la lucha y cesar en las reiteradas exigencias de que se recuperen los restos de los mineros y mejoren las condiciones laborales en las minas y pozos de donde se extrae el mineral.

En Saltillo, el obispo Raúl Vera López también se refirió a la tragedia minera y mencionó que como sociedad no podemos deslindarnos de esas muertes, pues quienes vivimos en Coahuila conocemos de sobra los procedimientos inhumanos para realizar los procesos de la extracción del carbón.

Aseguró que bajo el amparo de las secretarías del Trabajo y de Economía, en la zona carbonífera se permite todo tipo de abusos con los mineros, existen minas trabajando en forma clandestina, minas que se han clausurado, y sin importarles, siguen extrayendo carbón, como el pozo denominado Lulú, clausurado tras la muerte de dos mineros el 9 de agosto de 2009, pero siguió trabajando hasta que el 2 de febrero de 2011, cuando murieron otros dos mineros.

Carreras políticas

¿Hasta cuándo estaremos permitiendo que nuestras hermanas y hermanos de la zona carbonífera sigan trabajando en condiciones inhumanas como las que privaban en Pasta de Conchos, para seguir pagando con sangre las jugosas ganancias de los concesionarios, como es el caso de Minera México, que es parte del Grupo México?, cuestionó.

Vera aseguró que el trabajo de los mineros en los pozos es comparable al de un esclavo, pues tienen que extraer el carbón trabajando en cuclillas, con la consiguiente deformación y daño irreparable a la columna vertebral y cuando hay una emergencia no hay manera de salir, sino mediante el mismo malacate que se maneja desde afuera y que es el mismo instrumento por donde sacan el carbón.

Consideró incongruente que funcionarios cómplices del crimen en Pasta de Conchos traten de seguir realizando su carrera política, como los ex secretarios de Trabajo, Francisco Xavier Salazar y Javier Lozano Alarcón, aspirantes al Senado.