En ninguna parte del mundo “se da una situación en la cual el migrante va caminando entre algodones desde su país natal hasta el de destino. No hay una supercarretera donde reciba trato business class”, asevera el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rubén Alberto Beltrán Guerrero, al rechazar que México sea el único responsable por la violación de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en su trayecto hacia Estados Unidos.

En entrevista con La Jornada, admite que la muerte de migrantes es un tema muy emocional y entendemos perfectamente la preocupación de los países centroamericanos cuando desafortunadamente mueren uno, dos, cinco o, como en el caso de San Fernando, 72 migrantes, pero ¡México no es Arizona! México ha tenido una política progresista en favor de los derechos de los migrantes, enfatiza.

–Sin embargo, esa política progresista de la que habla contrasta con la muerte de migrantes centroamericanos en nuestro país.

–Esas emociones, esa resonancia que tienen en los países centroamericanos la muerte de migrantes lo entendemos y nos hacemos cargo. Porque nosotros somos igualmente vehementes cuando se trata de connacionales. Pero que no quepa duda de cuál es la política exterior de México. Esa política de Estado dio origen a una Ley de Migración que está a la vanguardia de muchas leyes en el mundo, que pone en primer plano la despenalización de la migración y los derechos humanos de estas personas, que incluso van a permitirles el acceso a los servicios de salud y educación gratis, independientemente de su condición migratoria. Con los dedos de la mano se cuentan leyes así. Yo quisiera ver a esos países que emplean una retórica de condena tan fuerte, cuántas leyes tienen como ésa.

Admite que “desgraciadamente ha habido ocasiones en que el crimen ha infiltrado policías municipales, estatales, organismos federales. ¿Por qué la limpia en la Procuraduría General de la República, en el Instituto Nacional de Migración? Sin duda ha habido funcionarios corruptos que han protegido ese tipo de enlaces con la delincuencia organizada, pero México, insiste, ha hecho mucho más por los migrantes de lo que se quiere reconocer.

–No obstante, pesan mucho en el ámbito internacional noticias como las de asesinatos múltiples o extorsiones a migrantes centroamericanos en México.

–La matanza de los 72 migrantes en Tamaulipas y las denuncias de maltrato en el trayecto hacia Estados Unidos han contribuido a eso, no hay duda. Pero las células del crimen organizado que enganchan a la gente, los coyotes, operan desde los países de origen. El migrante ya viene extorsionado, enganchado desde su país; desde allá viene con las células del crimen organizado. No es que lleguen a México y todo se lo llevó la fregada.

–Se compara negativamente la posición de México ante las violaciones de derechos humanos de connacionales que viajan a Estados Unidos, frente a la misma situación de los centroamericanos en México.

–Desafortunadamente, el tránsito de los migrantes, tanto en la frontera norte como en la sur, está amenazado por el crimen organizado. Pero la política de Estado del país es distinta. Tenemos un récord permanente en los organismos y foros que nosotros creamos como Estado respecto de la migración, con base en ello creemos en la cooperación y en la responsabilidad compartida.

“¿Qué es eso? Es una expresión que a veces se presta a interpretaciones, pero es muy clara. La responsabilidad compartida en términos de migración significa que se debe ver hacia el interior de cada país, porque las células del crimen organizado que enganchan a la gente, los coyotes, ya los traen amenazados desde esos países. Los que ya llevamos acá un rato sabemos que hace años México creó el mecanismo de Puebla, que es la conferencia regional de migración. México fue quien llevó a la Organización de Naciones Unidas los temas de los derechos de los trabajadores migrantes, ha estado siempre a la vanguardia de este tema.

El funcionario de la cancillería recordó que fue México el que convocó en 2010 a la reunión ministerial sobre la seguridad de los migrantes, en la que se acordaron al menos 21 puntos para atacar de origen esas prácticas.