La discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los lineamientos que debe seguir la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para establecer tarifas de interconexión de redes públicas cuando las empresas involucradas no se ponen de acuerdo, se empantanó en la sesión de ayer.

El ministro instructor del amparo que presentó Axtel en contra de la Cofetel, Luis María Aguilar, advirtió que la Corte no puede definir parámetros fijos, rígidos o rigurosos a partir de los cuales la Comisión fije las tarifas.

También rechazó la posibilidad de que el pleno determine con base en pruebas periciales las tarifas de interconexión, porque los ministros incurrirían en sustituir a la autoridad responsable, lo cual es inaceptable.

Olga Sánchez Cordero se manifestó porque la Corte sea poco estricta al verificar la motivación de las decisiones de la Cofetel para determinar las tarifas, porque un control muy estricto llevaría a SCJN a prácticamente sustituir al órgano especializado, además de que revisaría si las políticas públicas en materia de telecomunicaciones son las adecuadas.

La Corte, subrayó, únicamente puede verificar si el ejercicio de esa facultad contrasta de modo manifiesto con el criterio de razonabilidad y que exista un uso distorsionado de la discrecionalidad, resultando arbitraria o caprichosa, evidenciando un uso excesivo de poder y, por lo tanto, una desviación de sus atribuciones.

Sánchez Cordero, al igual que la mayoría de los ministros que participaron en la discusión, destacó que se debe preservar ante todo la rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones, a través de la Cofetel, que es el órgano especializado en la materia.

Por su parte, José Ramón Cossío llamó la atención sobre que la Corte se centre en definir si la Cofetel tiene o no posibilidad de introducir algunos elementos de política pública en el modelo de costos.

Cossío propuso que se ampare a Axtel y Telcel, a efecto de que la Cofetel fije tarifas con base en los parámetros que establece la propia Ley de Telecomunicaciones, para así generar pautas claras para los concesionarios, para la autoridad, los juzgadores, etc.