a aprobación unánime en el Senado de la República de la Ley de Registro Nacional de Datos, Personas Extraviadas o Desaparecidas, responde parcialmente al clamor nacional e internacional por un drama nacional que ha sido tan persistente como su negación o minimización por los sucesivos gobiernos federales, desde el de Luis Echeverría (1970-1976) hasta el presente.

Un elemento de contexto ineludible de la ley recién aprobada es la reciente presentación del informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, en el que se esboza un panorama aterrador sobre la fragilidad y vulnerabilidad en que se encuentran, en México, los derechos a la vida y a la libertad, a consecuencia de la estrategia de seguridad aplicada desde finales de 2006 por el actual gobierno.

En el contexto de esa guerra, declarada por el propio titular del Ejecutivo federal, se desarrolla otra, a la que el organismo internacional califica de guerra sucia por las pautas regulares de violación a los derechos humanos por las dependencias involucradas, en especial desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades o por grupos criminales o particulares, actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.

En un contexto distinto, pues, el país ha experimentado, durante la administración calderonista, una regresión a los años 70 y 80 del siglo pasado. En ese entonces las desapariciones fueron operadas por dependencias civiles y militares y las víctimas fueron, en su mayoría, opositores políticos, activistas sindicales y agrarios e integrantes de organizaciones armadas. El documento del grupo de trabajo de la ONU señala que entre los sectores de particular vulnerabilidad se encuentran hoy día mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

Lo anterior no sólo constituye un mentís rotundo a la inverosímil versión oficial según la cual casi todas las víctimas de esta guerra son delincuentes que se matan entre ellos, sino que pone de manifiesto el paradójico y exasperante marco de ilegalidad que reviste, con frecuencia, el pretendido empeño oficial por restaurar el estado de derecho.

Nada de lo señalado en el documento de la ONU es, en estricto sentido, una revelación o una novedad; lo nuevo es, simplemente, que una institución internacional retome y suscriba los señalamientos que diversos organismos civiles de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, han venido realizando en torno a lo mucho de guerra sucia que hay en la política antidelictiva y de la administración federal que termina este año.

Lo cierto es que, en la presente circunstancia, y en tanto no se redefina una estrategia de pretendida seguridad pública que por su propia naturaleza genera márgenes para el atropello y la barbarie por parte de las fuerzas públicas, tanto civiles como militares, es urgente instituir mecanismos que permitan atenuar en alguna medida el sufrimiento de la población en las zonas afectadas por las confrontaciones armadas, y que el Registro Nacional de Datos, Personas Extraviadas o Desaparecidas es dolorosamente necesario, no sólo para auxiliar a las víctimas y a sus familias, así sea por la vía de la documentación, sino también para registrar excesos y crímenes perpetrados desde el poder público o con complicidad de alguna de sus instancias.

Porque, más temprano que tarde, las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la actual guerra conra la delincuencia deberán ser investigadas y sancionadas conforme a derecho.