Mientras el gobierno del país siga sin reconocer la existencia del desplazamiento interno forzoso que ha causado su estrategia de guerra contra el crimen organizado, será cada vez más difícil saber cuál es la dimensión real del fenómeno y atender a las víctimas.

Así lo advirtieron académicos y especialistas en el tema, durante el último día de actividades de la Jornada de capacitación en materia de desplazamiento interno, organizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sebastián Albuja, representante del Observatorio del Desplazamiento Interno, del Consejo Noruego para los Refugiados, señaló que el gobierno federal es el encargado de resolver la falta de datos y cifras confiables sobre este tema, pero no lo ha hecho porque eso implicaría admitir que hay desplazados por su estrategia de seguridad pública, y eso sería un suicidio político.

Laura Rubio, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, indicó que la falta de estadísticas certeras sobre el número de desplazados internos dificulta su atención, y hace que el fenómeno se agrave cada vez más.

Óscar Torrens, director en Chiapas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, recordó que el conflicto armado de 1994 en Chiapas generó unos 25 mil desplazados en dicha entidad, quienes hasta la fecha no han recibido prácticamente ninguna atención, aunque ya hay una ley en el Congreso local que ayudaría a analizar el tema.

Leticia Calderón, especialista del Instituto Mora en temas migratorios, aseveró que admitir la gran cantidad de desplazados internos en el país –serían un millón 600 mil, de acuerdo con la empresa Parametría–, implicaría que el gobierno admitiera su responsabilidad.