La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer ayer su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, en donde advirtió –retomando información de organizaciones locales–, que 61 activistas fueron asesinados en México entre 2006 y 2010.

Asimismo, advirtió que cuatro activistas de organizaciones independientes fueron desaparecidos en ese mismo periodo, y que muchas de las amenazas o actos de hostigamiento contra defensores son realizados por agentes de seguridad del propio Estado, además de grupos armados irregulares.

En el documento, de más de 270 páginas, la CIDH destacó que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos reportó que entre enero de 2006 y agosto de 2009 ocurrieron 128 casos de agresiones o limitaciones a la labor de defensoras y defensores, 6 por ciento de los cuales se trató de violaciones del derecho a la vida.

En un informe posterior de actualización, este mismo organismo señaló que hubo 37 agresiones más de septiembre de 2009 a octubre de 2010, con un aumento de los homicidios, que llegó hasta 13 por ciento. Estas cifras se complementarían con otras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, según la cual de enero de 2005 a mayo de 2011 se produjeron 27 denuncias sobre asesinatos de defensores.

Asimismo, la CIDH observó que entre “los sectores más vulnerables se encuentran las defensoras y defensores del derecho al medio ambiente, líderes y lideresas indígenas y las defensoras de derechos de las mujeres; las entidades con mayor número de agresiones son Chihuahua, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

El trabajo sucio

Aunque señala que muchos de los ataques son cometidos por miembros del crimen organizado, el informe indica que en algunas de las zonas más peligrosas para los defensores de derechos humanos existe una alta presencia de fuerzas armadas, que no sólo son incapaces de detener la violencia, sino que en ocasiones le pedirían a los delincuentes realizar el trabajo sucio como método para eludir su responsabilidad en los hechos.

Un día después de que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias dio a conocer un informe en donde concluye que agentes estatales participan en este crimen de lesa humanidad, la CIDH coincidió en afirmar que las autoridades mexicanas han incurrido en uso arbitrario de la fuerza pública y causado lesiones mortales a las víctimas durante algunos de sus operativos.