La mesa dedicada al tema energético en el foro Los grandes problemas nacionales conformó una crónica documentada del desmantelamiento, saqueo, despilfarro, corrupción e impunidad que enfrenta el sector para favorecer a inversionistas privados, principalmente estadunidenses y españoles, con la anuencia y complicidad de funcionarios y autoridades, que por ley están obligados a preservarlo.

Asimismo, fueron cuestionados los recientes acuerdos firmados por el gobierno mexicano para que Estados Unidos explote los yacimientos petrolíferos transfronterizos, los cuales están en espera de ser aprobados en el Senado.

Con base en información oficial o resultado de investigaciones serias, cinco especialistas abordaron la cuestión energética desde distintas perspectivas.

Javier Jiménez Espriú hizo primero una crítica a la política energética del actual gobierno federal, que entre otros errores ha cometido el de no considerar el tema como factor de seguridad nacional.

El académico y ex funcionario, con larga trayectoria en el sector, actual asesor en la materia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que encabeza Andrés Manuel López Obrador, dio lectura a un documento elaborado junto con otros ingenieros e investigadores, en el cual expone un diagnóstico de la situación actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) y plantea los lineamientos de lo que debe ser una política energética sana, responsable y nacionalista, que revierta la de Felipe Calderón, que es un conjunto de lugares comunes, inconexa, muy pobre técnica y conceptualmente, además de discutible, inconsistente, ignorante, ayuna de sensibilidad política y social, y que no garantiza la seguridad energética de la nación, ni siquiera a mediano plazo.

Luego de señalar que la ciudadanía anhela un sector libre de corrupción expuso que el plan energético del Morena comprende la garantía de la soberanía y seguridad nacional, poniendo énfasis en el desarrollo humano y la protección del medio ambiente.

El documento leído por Jiménez Espriú refrenda pleno respeto al artículo 27 de la Constitución, referente al aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio del interés público, sin transgredirlo con interpretaciones tramposas basadas en leyes secundarias.

En cuanto a la energía eléctrica, señaló la urgencia de potenciar el papel de la Comisión Federal de Electricidad como generadora y no como compradora de energía.

Francisco Garaicoechea, profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ex funcionario del Instituto Mexicano del Petróleo, informó sobre el inmenso perjuicio económico ocasionado por el uso de técnicas inadecuadas para la explotación de yacimientos. Se refirió en específico a la cara, innecesaria y perjudicial inyección de nitrógeno seguida de la criminal quema de gas producido, algo que sólo se tolera y encubre en un país donde imperan la corrupción y la impunidad.

En mayo de 2000, cuando se inició esa práctica, se quemaron 500 millones de pies cúbicos de gas rico en condensados, equivalentes a quemar 100 mil barriles de petróleo diarios.

Desde entonces y hasta 2010, Pemex había quemado mil 400 millones de millones de pies cúbicos de gas rico en gasolinas, con un precio superior a 10 mil millones de dólares.

Garaicoechea contrapuso el caso de la brasileña Petrobras, que fue obligada a eliminar la inaceptable quema de 168 millones de pies cúbicos de gas para producir petróleo.

El especialista sostuvo: “Inyectar el gas natural, que Pemex ha estado quemando en forma criminal desde 1998, hubiera costado 20 veces menos que lo invertido para comprar e inyectar nitrógeno. Además, ese gas natural habría permitido recuperar más de 6 mil millones de barriles de petróleo y sin contaminar el gas del yacimiento y el que se vende ahora, fuera de norma, a las empresas que lo consumen dañando sus equipos.

Esos 6 mil millones de barriles de crudo irrecuperables tienen un costo de oportunidad en valor presente superior a 120 mil millones de dólares.

Por su parte, Pedro Pérez Campos, ex coordinador de Programas de Investigación y Desarrollo de Ductos del Instituto Mexicano del Petróleo, expresó su extrañeza porque la poca inversión del gobierno actual para explotar yacimientos se destina en su mayoría a la zona norte del país, donde menos se produce, mientras en las áreas más productivas se registra una disminución.

Parece una política deliberada de desmantelamiento y descapitalización.

En su turno, Antonio Gershenson, físico egresado de la UNAM, ex diputado federal y colaborador de La Jornada sobre asuntos energéticos, subrayó la división de Pemex en empresas subsidiarias como forma de evadir la fiscalización.

Denunció y demostró la práctica de Pemex en la actual administración de exportar lo más posible de crudo y de importar los derivados a precios muy altos.

En el caso de la electricidad, dijo, cada vez se genera más por empresas privadas, que se la venden muy cara a la Comisión Federal de Electricidad.

Por último, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, hizo una relación pormenorizada de la forma en que la desaparición de Luz y Fuerza del Centro por el gobierno de Felipe Calderón forma parte de una estrategia para favorecer empresas privadas extranjeras (principalmente españolas), presionado por acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o por el Tratado de Libre Comercio.