Ante el deterioro ambiental en el país, el cual se expresa, por ejemplo, en que 104 de los 653 acuíferos están sobrexplotados, 75 por ciento de las 718 cuencas hidrográficas están contaminadas y 68 por ciento de la población corre riesgos por los efectos del cambio climático, organizaciones ambientalistas presentaron ayer 40 lineamientos que integran el documento México rumbo a la sustentabilidad, que será entregado a los candidatos a la Presidencia de la República.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, TNC, el Fondo Mundial para la Naturaleza y Greenpeace, entre otras 21 organizaciones, advirtieron que hay ausencia de políticas públicas para enfrentar la severa degradación ambiental que padece México.

En el documento, las organizaciones dan a conocer propuestas estratégicas para construir una agenda ambiental, la cual resulta indispensable para luchar contra la pobreza y promover la seguridad social, alimentaria, hídrica y energética de la nación.

Anunciaron que buscarán reunirse con los candidatos, con el fin de que se comprometan a retomar los puntos planteados en dicha agenda y para asegurar que el país transite hacia un desarrollo sustentable que armonice prioridades sociales, económicas y ambientales.

El documento ya fue entregado en las casas de campaña y en las sedes de los partidos políticos, informó Gustavo Alanís, director del Cemda.

Planteó que se busca dar a los temas ambientales y de recursos naturales la prioridad que merecen. Es necesario que esos tópicos dejen de verse como marginales y se entienda que son transversales, que cruzan asuntos tan relevantes para la vida del país como la educación, la economía, el trabajo y la seguridad.

Las organizaciones manifestaron que temas como la sequía, las inundaciones y el impacto de los huracanes deben dejar de verse como asuntos de emergencia para los cuales se destinan fondos cada vez mayores del presupuesto.

Son aspectos que comprometen cada vez más la gobernabilidad y la seguridad nacional del país, por lo que requieren una planeación al más alto nivel y una visión de Estado para atenderlos, con base en el respeto a la ley, los derechos humanos, la conservación y el bienestar social.