El grupo legislativo del PRI en la Cámara de Diputados cuestionó que el gobierno de Felipe Calderón hiciera un manejo discrecional del Presupuesto de Egresos 2010, privilegiara la transferencia de recursos a fideicomisos y recortara el gasto en áreas prioritarias, entre éstas superación de la pobreza.

Un documento con 50 hallazgos en la Cuenta Pública 2010 servirá para que los priístas fijen su posición durante la comparecencia de hoy del secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos. El partido adujo que la Secretaría de Hacienda (SHCP) recortó 10 mil millones de pesos a superación de la pobreza y 3 mil 500 millones para infraestructura carretera.

Señaló que de mil 31 auditorías, 29.5 por ciento resultaron limpias, 29 por ciento negativas y más de 38 por ciento con salvedades. De éstas se reportaron 11 mil inobservaciones a ordenamientos legales. Siete mil correspondieron al gobierno federal, y de ellas se desprenden los siguientes resultados.

Mil 200 a la SEP, 659 a la Sagarpa, 573 a la Ssa, 565 a la SHCP y 662 a la SCT.

El análisis de la cuenta pública sostiene que la Auditoría Superior de la Federación interpondrá 98 denuncias de hechos ante el Ministerio Público Federal por la presunta comisión de ilícitos.

También advierte que los subejercicios no subsanados se reasignaron a diversos ramos y programas, y el remanente no aplicado se reportó como economías, por lo que no se informa con claridad sobre los montos reales de los subejercicios y las economías.

En el ejercicio de ese año se redujeron 10 mil millones de pesos asignados a programas para superación de la pobreza. Entre éstos, Desarrollo Social disminuyó su presupuesto en 3 mil 500 millones y la SCT, 7 mil 700 millones. Curiosamente, Hacienda amplió su gasto en 5 mil 200 millones.

En este caso, la SHCP autorizó que se destinaran 16 mil 172 millones de pesos a fideicomisos, fondos y mandatos públicos. Los recursos transferidos a fideicomisos se reportaron como rejercidos en la cuenta pública, a pesar de la inexistencia de compromisos de aplicación inmediata para ser aplicados posteriormente, con bases en los comités técnicos respectivos y sin rendir cuentas a la Cámara de Diputados.

De 2006 a 2010, la partida 3 mil 701, referente a difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, creció 498 por ciento, es decir, de 476 a 2 mil 851 millones de pesos.

Tampoco se pudo conocer el destino de 71 mil 666 millones de pesos obtenidos por derechos de hidrocarburos que debieron aplicarse como inversión adicional a programas y proyectos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque se mezclaron con el resto de los ingresos.

Entre los hallazgos de la Cuenta Pública 2010, que se darán a conocer este miércoles ante el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan, destaca el ramo en que el Ejecutivo federal ha establecido, como práctica presupuestal, la canalización de recursos fiscales mediante figuras análogas a fideicomisos no previstos en la legislación presupuestal.

También se le cuestionará sobre la entrega de mil 859 millones de pesos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) sin mediar un contrato para que efectuara pagos derivados del proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro fuera del presupuesto federal.