Amnistía Internacional (AI) llamó al gobierno de México a especificar qué medidas tomará para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, donde se señala que las autoridades nacionales forman parte de la guerra sucia que vive el país.

En su informe, rendido el pasado martes en Ginebra, el organismo de Naciones Unidas destacó que las graves violaciones a los derechos humanos se acentúan por la falta de una política adecuada para prevenirlas y sancionarlas, ya que la gran mayoría de las denuncias no se investigan adecuadamente, lo cual obstaculiza determinar si hay participación de funcionarios gubernamentales en las desapariciones.

De acuerdo con AI, la impunidad por las desapariciones forzadas de los años 70 y 80 del siglo pasado facilita que los crímenes actuales tampoco se castiguen, y a ello se suma el que las autoridades se niegan a reconocer la participación de funcionarios públicos en estos delitos, ya sea por acción u omisión.

El documento subrayó la falta de investigaciones sobre la desaparición de miles de personas durante la guerra contra el crimen organizado; el trato negligente y discriminatorio que han recibido algunos familiares de las víctimas, y la práctica de catalogar algunos casos de desaparición forzada como secuestros.

Aunque no ignora el papel de grupos delictivos en este fenómeno, aseveró AI, es importante destacar que la obligación de las autoridades es primero investigar y localizar a las víctimas para poder identificar a todos los responsables y determinar si es una desaparición forzada, así como garantizar el trato digno de los familiares y su acceso a la justicia y a la verdad.

AI consideró positiva la reciente aprobación de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, pero alertó que el Estado mexicano no podrá felicitarse por esta iniciativa hasta que no haya dado lugar a un mecanismo eficaz y accesible para las familias, que permita la realización de investigaciones completas e imparciales, y acote al fuero militar para que todos los crímenes de lesa humanidad sean juzgados por cortes civiles ordinarias.