Editorial
Ver día anteriorSábado 10 de marzo de 2012Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Siria: injerencismo militar confirmado
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e acuerdo con correos electrónicos de la consultoría de inteligencia estadunidense Stratfor, filtrados por Wikileaks, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha introducido, en forma clandestina, a comandos militares en territorio sirio, para realizar operaciones encubiertas contra el gobierno de Bashar al Assad. El contenido de estos correos, revelado por el sitio que encabeza Julian Assange, contrasta con lo expresado el mes pasado por el secretario general de la Alianza Atlántica, Anders Rasmussen, en el sentido de que la OTAN no tiene intención alguna de intervenir en Siria (...) sigo creyendo que una solución a escala regional podrá ser encontrada, y obliga a recordar que señalamientos similares fueron formulados por Rasmussen respecto del reciente conflicto armado en Libia, semanas antes de la misión militar que terminó con el derrocamiento y asesinato de Muammar Kadafi.

No cabe llamarse a sorpresa por la información difundida en Wikileaks, pues desde hace meses se tienen indicios múltiples de la creciente intromisión de Occidente y de su aliado regional, Israel, en el conflicto que se desarrolla en la nación árabe. El año pasado, otro cable de Wikileaks reveló que el gobierno de Estados Unidos había financiado en secreto a grupos opositores sirios a partir de 2006, luego de una crisis diplomática bilateral que desembocó en la congelación de las relaciones entre Washington y Damasco. Por lo menos desde febrero de este año se tiene información de que el Pentágono ha comenzado a utilizar aviones no tripulados en el espacio aéreo sirio para espiar comunicaciones militares en ese país, y de que las naciones occidentales toleran el ingreso y compra de armas ligeras por parte de las fuerzas opositoras al gobernante partido Baaz. El 3 de marzo pasado, Damasco denunció en cartas enviadas al Consejo de Seguridad de la ONU que algunos países vecinos habían empezado a armar, entrenar y financiar a grupos opositores. Y todo ello ha venido ocurriendo en el contexto de una campaña de presiones diplomáticas contra Siria en la que autoridades y legisladores estadunidenses han barajado la posibilidad de entregar armas a los opositores en aquel país.

Así pues, la información divulgada por Wikileaks da cuenta, en conjunto con los precedentes referidos, de una escalada en el injerencismo militar estadunidense y europeo en Siria; hace inevitable cuestionar la autenticidad y la legitimidad de las protestas que se desarrollan en ese país –pues es claro que Washington y Bruselas, si no las han provocado, por lo menos las han alimentado de diversas maneras–, y confirma que el principal interés de las potencias occidentales en ese país no es de índole democrática ni humanitaria, sino de control geopolítico: la desestabilización y el debilitamiento del régimen de Damasco, la obtención de un pretexto, así sea endeble e inverosímil, para emprender en Siria una incursión militar semejante a la que organizaron en Libia, y la alteración, a como dé lugar, del viejo equilibrio de fuerzas en Medio Oriente para favorecer a Israel en momentos en que éste recrudece sus amagos de agresión militar contra Irán.

No puede negarse que las confrontaciones entre el gobierno del partido Baaz y la oposición siria plantean un escenario preocupante e indeseable, y que la situación en la nación árabe ha desembocado ya en una guerra civil que luce incontrolable. Pero tampoco puede soslayarse que una parte sustancial de la responsabilidad por esa barbarie recae en la injerencia de Washington y Bruselas, la cual –según se desprende de los correos de Stratfor– ha pasado del apoyo indirecto a la intromisión militar directa, y coloca las cosas en el umbral de una nueva guerra humanitaria, como las que ensangrentaron, en su momento, a la antigua Yugoslavia (en particular en Bosnia y en Kosovo), a Afganistán y a la propia Libia.

A estas alturas, debería ser incontrovertible que esas intervenciones en nada ayudan a la democratización de los países en que se practican y que, por el contrario, multiplican los saldos de muerte y de destrucción material. La opinión pública internacional debe demandar a sus gobiernos que rechacen esa perspectiva.