nalistas y diplomáticos temen que los narcotraficantes vayan a aumentar su influencia sobre la política mexicana durante las elecciones legislativas programadas para julio, decía un editorial de The Wall Street Journal en 2009. Lo reproduje, a manera de epígrafe, en un artículo (Elecciones y dinero en un contexto desigual y delictivo) incluido en el libro Democracia y elecciones en Nuevo León, una edición de la universidad pública del estado.

Entre 2009 y 2012, en que habrá, además de las legislativas, elecciones presidenciales, los cárteles de la droga y otros grupos criminales han aumentado no sólo su influencia, sino su poder real en el sistema político mexicano. Un localizado botón de muestra.

La noticia dio la vuelta al mundo: en el sobresaturado penal de Apodaca –uno de los municipios del área metropolitana de Monterrey– hallaron la muerte 44 prisioneros, en un motín tan espeluznante como sospechoso, a punta de cuchilladas, pedradas y garrotazos, tras la fuga de 30 reos, entre ellos cuatro capos de la delincuencia organizada.

No fue eso lo que más perturbó a las autoridades de Nuevo León, sino dos pronunciamientos: el de los representantes de los organismos empresariales y el aparecido en una manta firmado por dos de los capos de Los Zetas: Heriberto Lazcano y Miguel Treviño Morales (Z-40).

Los empresarios dieron un ultimátum al gobierno de Rodrigo Medina. Eugenio Clariond Rangel advirtió: “Hoy estamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al gobierno del estado…”.

La manta, que cualquiera puede ver por Internet, contenía señalamientos difíciles de digerir: a) Nuevo León es territorio de Los Zetas y el poder lo demostramos con hechos. b) “… Rodrigo Medina me obedece por que (sic) lo apoyamos para llegar a la gubernatura… los 20 millones de dólares que entregó el Lic. Manuel Quiñones (a) Lic. Many cuñado o concuño de Aldo Fasci Zuazua para la campaña no era (n) gratis; tampoco lo que pagamos para los gastos de Rodrigo de Agustín Serna de la CROC”. c) “… lo único que le queda al gobierno de Calderón y al que venga es pactar con nosotros… si no los tendremos que derrocar y tomar el poder por la fuerza, como hasta ahora”.

A los empresarios respondieron desde el gobierno-partido del PRI que no podían quejarse de inseguridad, pues si sus empresas habían prosperado, eso era gracias a la seguridad ofrecida por el gobierno estatal. El gobernador sintió que se le había pasado la mano y a plana entera publicó luego una zalema llamándoles los valientes empresarios. De la manta de Los Zetas dijeron que se trataba de una provocación con el propósito de dividir.

Hace seis meses murieron 53 personas en el ataque al Casino Royale de Monterrey, y es fecha que continúa sin aparecer el dueño del lugar (le fue facilitada la huída) para poder fincar las responsabilidades correspondientes. A ese y a la masacre en el penal de Apodaca han seguido otros episodios sangrientos y de grave inquietud, hasta elevar el número de asesinatos vinculados a la delincuencia organizada a casi 300 (297) entre enero y febrero de 2012: un tercio más respecto al primer bimestre de 2011. Y no se ve que medida alguna de las tomadas por los tres niveles de gobierno eleve el gradiente de control sobre el hampa que le disputa el poder a las autoridades establecidas.

Los ciudadanos tenemos derecho a la sospecha frente a realidades que no nos convencen. Esas y las futuras autoridades dependen del resultado de campañas desmesuradamente caras, y por lo mismo, las sujetan en el ejercicio del poder público a la voluntad de quienes se las pagan: individuos con dinero legal e ilegal. Son ellos los que les exigen, los que mandan y a los únicos a quienes los gobernantes hacen caso.

Los ciudadanos que no podemos patrocinar campañas nos hallamos a la intemperie de cuantas garantías, derechos y defensas nos prometen la ley y quienes en su nombre piden nuestro sufragio, lealtad, disciplina, unidad, productividad, competitividad, etcétera. Ellos –esa es la verdad descarnada y sólo admite raras excepciones– no cumplen y no nos cumplen, como dijo la valiente tlapaneca Inés Fernández. Hasta ahora, ningún candidato y ningún partido han propuesto, y menos han luchado por abatir a sus mínimos los costos de las campañas. La democracia, así, es imposible.

El lema del anterior gobernador de Nuevo León para llegar al poder fue Con la fuerza ciudadana. Cuando le fue planteada la necesidad de aprobar la ley de participación ciudadana, la mayoría en el Congreso, bajo su control, no la dejó pasar. En el gobierno de Rodrigo Medina se ha hecho otro intento con un proyecto minimalista. Tampoco ha prosperado.

En esas circunstancias cobra pleno sentido el contenido de un libro coordinado por Esthela Gutiérrez: Cambiar México con participación social. Su presentación fue en el Senado de la República. Allí, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León señaló el papel de las universidades en la forja de la conciencia crítica y convocó al debate sobre los principales retos sociales y (a) proponer acciones claras, concretas y factibles que promuevan una nación justa, democrática, sustentable y en constante renovación.

En torno a la inseguridad y otros azotes, debate es lo que falta, no espots.