El proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, sobre el asunto Florence Cassez, es un acto de valentía en defensa del debido proceso, consideró John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autómnoma de México (UNAM).

Dijo que no parece haber presiones del gobierno francés, pero sí las hay, afirmó, del presidente Felipe Calderón y del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por lo que pidió no caer en la trampa del patrioterismo barato de Calderón, porque si bien en esta ocasión se trata del caso de una ciudadana francesa, también hay antecedentes similares con indígenas mexicanas.

Si ni siquiera una francesa, con el apoyo de su presidente, puede librarse de una circunstancia de esa naturaleza, estamos (con su encarcelamiento) autorizando la política de impunidad y de simulación que ha generado García Luna en todo el sexenio, expresó.

Durante la segunda de 11 semanas temáticas dentro de los diálogos Los grandes problemas nacionales, participaron reconocidos juristas, como el ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz, Ackerman y Jorge Fernández Souza, como moderador.

Desde diversos ángulos abordaron algunos de los principales problemas de la procuración de justicia en México.

En este contexto se habló de la coyuntura en el caso Cassez, condenada a 60 años de prisión por secuestro, y del proyecto que actualmente se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que el análisis incluye la aplicación de la ley, los derechos humanos y, sobre todo, si se cumplió el debido proceso. El ministro en retiro Góngora dijo que si bien no ha leído el proyecto de Zaldívar, resulta sano que éste se difunda a la opinión pública.

Durante su ponencia planteó el cuestionamiento de si las instancias del Ejecutivo y los legisladores pueden sugerir a la Suprema Corte los tiempos de resolución de un asunto.

Ackerman –especialista en derecho constitucional– dijo que es urgente analizar los elementos que podrían llevar al país a tener un sistema de justicia eficaz, es decir, los culpables en la cárcel y los inocentes fuera de ésta.

En el proyecto Cassez también está en juego el entramado jurídico de presunción de inocencia. De esto último hablaron los juristas y ofrecieron detalles de diversas etapas que han derivado en enmiendas al sistema de justicia penal o a la ley de amparo, actualmente en discusión de la Cámara de Diputados.

En todos los temas resalta la advertencia de los riesgos de dar a la justicia un uso político y sesgado. Es decir, la impunidad concertada para los amigos, como lo definió Ackerman al citar las observaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) del reciente reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la Cuenta Pública 2010.

Esa instancia fiscalizadora encontró que por cada 100 averiguaciones previas, sólo 34 se consignan ante un juez, por lo que más de 60 por ciento quedan sin materia. La ASF halló que el reglamento interno de la PGR data de 2003 y que cerca de 7 mil mandamientos judiciales fueron cancelados por prescripción, lo que quiere decir que éstos se dejan vencer por desidia o complicidad.

Las ponencias abordaron las recientes reformas judiciales, con énfasis en la ley de amparo y sobre otras formas, como los juicios orales que, señalaron los invitados, siguen adoleciendo de una investigación pulcra y falta de seriedad de los propios jueces.

La mesa de justicia es parte de esta serie de encuentros semanales y temáticos, organizados por el Movimiento Regeneración Nacional y las asociaciones civiles Fundación Equipo y Equidad y Progreso.

El maestro Bátiz se refirió al modelo de juicios orales y subrayó que éste no está libre de errores y corrupción. También resaltó la necesidad de que las procuradurías, e incluso todas las dependencias del Ejecutivo, tengan autonomía técnica, para que la PGR, por ejemplo, no se use para perseguir a enemigos políticos. “Cuando fui procurador no hubo consigna alguna, sino libertad… Un procurador no debe estar sujeto a un coordinador; también se trata de que los ministerios públicos no se conviertan en cobradores de cuentas”. Lo más importante, añadió Bátiz, es tener claro que si los investigadores y los jueces rompen las reglas procesales, pueden meter inocentes a la cárcel.