La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la cual plantea sanciones millonarias a empresas y funcionarios e inhabilitaciones hasta por 10 años.

Las multas van de 62 mil pesos a 3 millones para las personas físicas y de 623 mil a 124 millones para las morales. Las primeras serán inhabilitadas para participar en contrataciones públicas de carácter federal por periodos de tres meses a ocho años, y las morales de tres meses a 10 años.

Los legisladores fijaron sanciones para los particulares que incurran en cohecho, confabulación, simulación, tráfico de influencias y presentación de información falsa durante los procesos de contrataciones públicas.

Así, la Secretaría de la Función Pública será, en el ámbito de la administración pública federal, la facultada para investigar las contrataciones de entidades y municipios, y la autoridad que indagará y, en su caso, sancionará a los particulares que incurran en infracciones que estipula la norma.

Serán mandos competentes para aplicar la ley, en el ámbito de las contrataciones públicas, las cámaras de Diputados y de Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales agrarios, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México.

La ley contiene mecanismos para reducir sanciones a quienes confiesen su responsabilidad, decidan contribuir y aportar elementos para el combate a la corrupción y cooperen de manera continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación, con el propósito de fomentar las denuncias y combatir la impunidad.

La exposición de motivos establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, no podrán otorgar subsidios, donativos y otros beneficios a las personas que hayan sido sancionadas.

Al argumentar en favor de la iniciativa, el presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero, expresó que se busca fijar responsabilidades y sanciones a personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera, por actos de corrupción en contrataciones públicas federales y en las transacciones internacionales.

Aspiramos a la democracia representativa. Ello nos obliga a combatir cualquier tipo de corrupción en el ejercicio de la función pública. Esa lucha fortalece las instituciones democráticas del país y la corrupción lastima la legitimidad de las instituciones y atenta contra el orden, la justicia y la sociedad.