El rector de la Universidad Latina y presidente de Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), Ángel Cano Garza, afirmó que la aplicación de exámenes antidoping a las comunidades universitarias es una mera recomendación que no se busca generalizar, pues cada institución deberá determinar las acciones incluidas en sus protocolos de seguridad, tras reconocer que en los campus es común el uso de perros adiestrados para detectar sustancias ilícitas.

En entrevista con La Jornada, destacó que de aplicarse las recomendaciones propuestas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) en materia de seguridad, que además de pruebas aleatorias de antidoping incluyen la aplicación de simulacros con ensayos pecho a tierra y revisión de mochilas, primero se deberá informar y acordar con alumnos, profesores y padres de familia, pues de lo contario el estudiante podría sentirse vulnerado e interponer, en todo su derecho, una denuncia.

Agregó que se debería tener el permiso informado de los alumnos y padres de familia antes de ingresar a la institución, pues destacó que en muchas de las 106 universidades afiliadas a la FIMPES –que integra, entre otras, al Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tecnológico de Monterrey, universidades La Salle, Panamericana, Valle de Atemajac, Anáhuac y Valle de México– se realizan operativos sorpresa, con apoyo de la policía, así como revisión de mochilas, pues la preocupación de los rectores es la seguridad dentro y en las inmediaciones del campus.

“No tengo información de que algunas de las universidades privadas realicen exámenes antidoping, aunque no dudo que alguna lo realice”, sostuvo Cano Garza, quien insistió en que “no están obligadas a hacerlo, ya que cada institución sabe qué tipo de controles establece en sus instalaciones para tratar de salvaguardar la seguridad del alumnado.

“En mi caso no aplico esa medida, pero hacemos reuniones con padres de familia, ya que a veces aplicamos operativos sorpresa con apoyo de la policía local u operación mochila, sobre todo a alumnos de media superior.”

El presidente de FIMPES aseveró que las universidades, sean públicas o privadas, incurrirían en violación de los derechos de sus alumnos, docentes y trabajadores si antes no se les informa sobre la aplicación de este tipo de estrategias. Se debe establecer un acuerdo previo con estudiantes, maestros y padres de familia.

Se trata, afirmó, de no sorprender al alumno, quien desde el momento de su inscripción debe conocer sus obligaciones y derechos. Que sepa que si se le requiere, se le tendrá que aplicar la prueba, pero con debido conocimiento del joven y sus padres.

Insistió en que para prevenir y detectar consumo de drogas entre la comunidad estudiantil no sólo se cuenta con el antidoping, sino que algunas universidades usan perros adiestrados en el rastreo de drogas en mochilas y pertenencias desde la puerta de acceso.