a literalidad del mandato legal vigente en materia petrolera no da mucho margen para la interpretación. La actual Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional afirma que sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera, y señala que ésta abarca la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación, entre otras modalidades. El referido numeral de la Carta Magna, por su parte, consagra que tratándose del petróleo (...) no se otorgarán concesiones ni contratos y que la nación llevará a cabo la explotación de esos productos.

Resulta por ello preocupante y escandaloso el contenido de uno de los cables diplomáticos entregados por Wikileaks a La Jornada y reseñado en la edición de hoy. En ese documento, fechado en 2009, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, afirma que la intención del gobierno mexicano con la negociación del tratado bilateral sobre yacimientos transfronterizos –que fue finalmente suscrito por ambos países en febrero pasado– es abrir las puertas del sector petrolero nacional a las compañías internacionales, según declaraciones formuladas por la ex titular de la Secretaría de Energía Georgina Kessel al diplomático estadunidese.

El citado documento da cuenta del doble discurso y de la actitud turbia, errática y tramposa con que el gobierno federal ha venido conduciéndose en asuntos de política energética y, particularmente, petrolera: Los comentarios de la secretaria Kessel muestran que mientras el gobierno de México presentará al público mexicano las negociaciones sobre yacimientos transfronterizos como un esfuerzo por defender los recursos naturales del país, el gobierno ve al tratado como una importante oportunidad para que Pemex trabaje con compañías petroleras internacionales. Tal actitud salió a relucir, por ejemplo, en abril de 2008, cuando el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón afirmaba que Pemex no se privatiza, al tiempo que entregaba al Senado una iniciativa de reforma abiertamente privatizadora. Otro tanto ocurrió el año pasado, cuando la dirección de la paraestatal defendía la legalidad de los llamados contratos integrales de servicios, al tiempo que entregaba a empresas privadas la explotación y exploración de diversos campos petrolíferos, en dudoso apego a las leyes que el actual gobierno protestó cumplir y hacer cumplir.

Así pues, con la información contenida en los cables de Wikileaks, y a la luz de las inequívocas restricciones planteadas en las leyes mexicanas, se asiste a la perspectiva de un poder público mendaz, proclive a la simulación y a la impostura y dispuesto a operar en la ilegalidad.

La escandalosa declaración de Kessel reseñada por Pascual tendría que dar pie a un esclarecimiento cabal de las condiciones y los efectos para el país que se desprenden del referido acuerdo sobre yacimientos transfronterizos, los cuales no han sido difundidos en forma transparente a la sociedad. Las nebulosas intenciones del gobierno federal a este respecto son un motivo adicional para que el Senado de la República –encargado de revisar y, en su caso, avalar el referido acuerdo– actúe con todo el escrúpulo posible a efecto de evitar un daño mayor a la soberanía y el patrimonio nacionales.

Por su parte, es deseable y necesario que los sectores de la sociedad que se opusieron a la iniciativa abiertamente privatizadora presentada en 2008 por Felipe Calderón se mantengan alertas y rechacen todo intento por escamotear a la nación propiedades y potestades que le pertenecen por mandato constitucional. Porque si algo queda claro a la luz de los elementos de juicio disponibles es que, a unas horas de que se conmemore el 74 aniversario de la expropiación petrolera, siguen vigentes los afanes gubernamentales por lograr una privatización –así sea a trasmano– de la industria nacional de los hidrocarburos.