yer, al supervisar la construcción de un nuevo penal de supermáxima seguridad que se edifica en Papantla, Veracruz, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, acompañado del secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lanzó un mensaje dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), referido a la situación de Florence Cassez –juzgada y sentenciada por secuestro, tras una captura en las que la autoridad cometió flagrantes irregularidades–, e inequívocamente crítico hacia el proyecto de resolución elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el que se propone poner de inmediato en libertad a la ciudadana francesa en vista de las graves infracciones de procedimiento cometidas por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y por los ministerios públicos que se hicieron cargo del caso.

En una larga alocución sobre el significado de la justicia, Calderón se unió a las presiones ejercidas sobre la SCJN para que ésta rechace la propuesta de Zaldívar y rehúse excarcelar a Cassez.

Con independencia del fondo de lo que se juzga, los señalamientos del político michoacano resultan contrarios al espíritu republicano y a la observancia del principio de la división de poderes. Con todo y lo mal cumplida que fue en este caso, la obligación del Ejecutivo de procurar justicia terminó en el momento en que la ahora sentenciada fue puesta a disposición de un juez y se aportaron las pruebas de su culpabilidad. En lo sucesivo, la impartición de justicia recae en el ámbito de atribuciones del Poder Judicial, y es por medio de sus instancias formales que el Ejecutivo debe actuar. De otra manera se contamina el funcionamiento institucional del máximo tribunal y se da pie a la sospecha de que se busca encubrir un desempeño policial deficiente e impresentable.

El discurso de Calderón resulta doblemente improcedente si se considera que los recursos de apelación de la sentenciada se han basado en el desaseo en el desempeño de la Procuraduría General de la República (PGR) y, particularmente, en las escandalosas violaciones a los derechos de los acusados cometidas por la AFI, entonces dirigida por García Luna.

Sin duda, la anulación de la pena impuesta a Cassez, de concretarse, abonaría a la impunidad y lesionaría el derecho de las víctimas a la justicia, pero la responsabilidad de ello no recaería en el máximo tribunal del país, que se limita a evaluar la legalidad o la ilegalidad de los procedimientos, sino en los mandos de la corporación policial que convirtieron a víctimas y victimarios en forzados actores de la televisión privada, la cual, en connivencia con las autoridades, presentó un montaje como si se tratara de una captura en tiempo real. Por eso, cuando Calderón se refirió a la impunidad que podría generarse si la SCJN libera a Cassez, fue inevitable evocar la de las propias autoridades que atropellaron los derechos de los detenidos y de sus víctimas, en lo que parece haber sido un afán publicitario grotesco e ilegal que debió ser esclarecido y sancionado en su momento a fin de evitar que enturbiara los episodios legales siguientes.

Como sabe todo abogado, e incluso los profanos en materia jurídica, la justicia tiene procedimientos que no son meros formalismos desechables, sino garantías de procesos justos y pulcros, cuya inobservancia puede dar pie a la anulación de juicios y de sentencias. Dicho de otra forma, las rendijas para dejar escapar a los delincuentes a las que se refirió Calderón se abrieron, en el caso Cassez, desde el momento mismo en que la autoridad adulteró los hechos y escenarios y atropelló los derechos de los por entonces presuntos secuestradores.

Más aún, el episodio referido prefigura y ejemplifica, a su manera, el escaso respeto del gobierno federal a derechos y garantías de presuntos culpables, y hasta de ciudadanos manifestamente inocentes, en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada que Calderón declaró y que García Luna ha venido ejecutando desde hace más de cinco años. Que dicha guerra se haya traducido en un incremento brutal a las violaciones de los derechos humanos en el país, como denuncia un clamor de organizaciones humanitarias nacionales y extranjeras, fue posible, precisamente, porque la autoridad no ha podido o no ha querido observar la parte de la legalidad que impone reglas, límites y condiciones a la actuación de la fuerza pública, y eso explica, en parte, la inoperancia y los malos resultados de la estrategia de seguridad en curso.