La probabilidad de que México un depredador forestal sea castigado es una de las más bajas del mundo. Un nuevo estudio internacional encontró evidencia de la conexión entre los taladores y los grupos de delincuencia organizada, con ganancias multimillonarias cada año, que alimentan esas redes criminales.

Cada año, la tala ilegal genera entre 10 mil 15 mil millones de dólares de activos criminales, dinero mayormente controlado por el crimen organizado, que no paga impuestos y se utiliza para pagar a funcionarios corruptos de los gobiernos a todos los niveles, detalló el estudio Justicia para los bosques. Mejorando los esfuerzos de la justicia penal para combatir la tala ilegal, elaborado por el Banco Mundial.

En el caso de México, la probabilidad de que un delito de tala ilegal sea castigado es de menos de uno en cada 100 (0.082 por ciento), documentó el estudio, publicado este martes.

El cumplimiento de las leyes relacionadas con la protección forestal es muy ineficaz en muchos países para detener y disuadir la tala ilegal, menciona el estudio. Cita una investigación realizada a lo largo de cuatro años en cuatro naciones ricas en recursos naturales: Brasil, México, Indonesia y Filipinas, según la cual la probabilidad de que la tala ilegal sea castigada es de menos de 0.082 por ciento. Según ese estudio, el cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con la protección de recursos naturales y la biodiversidad es abismal en estos cuatro países.

Una de las causas que impide el cumplimiento de las leyes de protección de recursos forestales, además de la corrupción, es la falta de coordinación entre autoridades, dice el estudio, que menciona específicamente el caso de México en este sentido.

Los principales involucrados en el cumplimiento de las leyes de protección de recursos naturales (investigadores, policías, fiscales y jueces) tradicionalmente no trabajan de manera coordinada y esa falta de cooperación suele ser un obstáculo al efectivo cumplimiento de la ley, menciona.

Añade: Por ejemplo, un estudio en cuatro diferentes países encontró que un desafío común relacionado con la falta de cumplimiento de la ley fue la escasa cooperación entre las diferentes dependencias. Una de las causas del ineficaz cumplimiento en México fue la deficiente colaboración entre las dependencias encargadas de la protección ambiental, agrega.

A partir de datos sobre la magnitud de la tala ilegal, la relación de esta actividad con el crimen organizado y la capacidad que tiene de generar ganancias para las bandas criminales, el estudio plantea la necesidad de una mayor inclusión de la justicia penal en las estrategias locales e internacionales para combatir la tala ilegal.

La tala ilegal de bosques ha alcanzado una magnitud que el estudio compara en los siguientes términos: cada dos segundos, dice, un área del tamaño de una cancha de futbol es talada de manera ilegal, y en algunos países hasta 90 por ciento de toda la tala es ilegal.

Anualmente esta actividad genera entre 10 mil y 15 mil millones de dólares en activos criminales, dinero que está mayormente controlado por el crimen organizado. Hasta el momento, menciona, las acciones preventivas para combatir la tala ilegal que se han enfocado en esfuerzos a nivel local e internacional no han tenido un impacto significativo.

La práctica no se ha visto de modo integral. Los esfuerzos de las instancias de justicia por combatirla han apuntado tradicionalmente a los delincuentes de bajo nivel, que a menudo se involucran en la tala ilegal para salir de la pobreza. Sin embargo, las operaciones de tala ilegal de gran escala están casi siempre conectadas a la corrupción de alto nivel y a las redes de crimen organizado.

El estudio plantea la necesidad de desarrollar una estrategia integrada de justicia penal para la tala ilegal que apunte a la corrupción de alto nivel y a las compañías que pagan sobornos. Esta estrategia, apunta, debería promover las investigaciones sistemáticas, los enjuiciamientos y las confiscaciones de los activos criminales, y enfocar a gran escala las actividades de tala ilegal organizadas.

También propone mejorar la cooperación local entre las instancias oficiales involucradas en combatir el proceso de tala ilegal e involucrar al sector privado examinando la dimensión financiera de los delitos forestales y los activos relacionados. La mejor utilización de la inteligencia financiera compilada por las instituciones financieras y otras entidades obligadas a reportar transacciones sospechosas es clave, asegura, para la investigación exitosa de la tala ilegal, y las actividades de lavado de dinero relacionadas. Igualmente considera necesario que se involucre a los actores de la sociedad civil para que pueden ayudar a los gobiernos, a las fuerzas del orden y al Poder Judicial a combatir la tala ilegal y los delitos relacionados.