más de 18 meses de la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y del inicio del concurso mercantil de esa compañía, tres de los acreedores de la aerolínea –Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y el Banco Nacional de Comercio Exterior– designaron al despacho jurídico White & Case nuevo interventor para el proceso de concurso mercantil, el cual tendrá la responsabilidad de supervisar y vigilar la marcha de ese procedimiento.

Dicha designación se produce en un momento decisivo para el futuro de la compañía aérea, cuando se negocia la transacción de acciones entre Tenedora K –actual propietaria de Mexicana– y Med Atlántica, el consorcio empresarial que busca recapitalizar la aerolínea con una inversión inicial de 300 millones de dólares. El pasado lunes, el conciliador del proceso mercantil, Gerardo Badín, afirmó en un comunicado que el juez del concurso, Felipe Consuelo Soto, había recibido documentos financieros que prueban la solvencia de Med Atlántica para realizar dicha compra accionaria, y confió en que el convenio concursal –indispensable para el rescate de la aerolínea– quedará listo en tiempo y forma.

Sin prejuzgar sobre el papel que el nuevo interventor pueda desempeñar en favor o en contra del rescate de Mexicana, resulta obligado recordar que el principal obstáculo para que éste se concrete no ha sido la falta de inversionistas ni de voluntad de los trabajadores, sino el accionar indolente y poco transparente del gobierno federal, el cual, entre otras cosas, es el principal acreedor de la compañía aeronáutica. Desde finales del sexenio foxista, cuando Mexicana fue reprivatizada tras haber sido rescatada con dinero de los contribuyentes, las autoridades toleraron manejos empresariales turbios que derivaron en la descapitalización de la compañía. Cuando el corporativo encabezado por Gastón Azcárraga declaró la inviabilidad operativa y financiera de la empresa, los funcionarios calderonistas declinaron intervenir en forma decisiva y se limitaron a observar, impávidos, la cancelación de vuelos, el remate de los activos a un precio irrisorio y la suspensión total de operaciones. Posteriormente, con la declaratoria de concurso mercantil, las autoridades dejaron en la desprotección a miles de personas afectadas, entre las que se cuentan trabajadores, pasajeros y pequeños acreedores de la empresa.

Semejante actitud se agudizó en meses posteriores, con la propensión de funcionarios del gobierno calderonista, denunciada por los trabajadores y por el propio juez Consuelo Soto, a disuadir a los potenciales inversionistas de invertir en la compañía. En julio de 2011, el grupo Altus Prot, el cual había manifestado interés por recapitalizar la empresa, anunció su retiro del concurso mercantil ante la falta de certidumbre, transparencia y garantías de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Un mes más tarde, el Grupo Avanza Capital exhibió ante el conciliador y administrador de Mexicana una garantía bancaria por 300 millones de dólares, pero la operación se diluyó entre señalamientos de poca claridad en el proceso de venta del consorcio. En noviembre del año pasado, el juez Consuelo Soto anunció un nuevo aplazamiento de la fecha de quiebra de la aerolínea, tras haber detectado una inconsistencia en el conteo realizado por la propia SCT, denunció el trato hostil de funcionarios de esa dependencia en contra del empresario Iván Barona –otro de los inversionistas interesados en salvar Mexicana– y afirmó que algunos empresarios habían sido amenazados para que no invirtieran en la línea aérea.

Ahora, cuando todo parece indicar que un grupo empresarial ha comprobado liquidez suficiente para recapitalizar el consorcio aeronáutico más antiguo del país, surgen presiones y lastres adicionales, como el requerimiento a Med Atlántica de pagos por adeudos fiscales –mil 500 millones de pesos, según el diputado del PT Mario Di Costanzo– atribuidos a Gastón Azcárraga, los cuales, en consecuencia, tendrían que ser saldados por el anterior propietario de la aerolínea.

En suma, con la actitud omisa y poco responsable que han mostrado hasta ahora, las autoridades alimentan ante la opinión pública las sospechas de que la quiebra de la empresa no es necesariamente un escenario indeseable para ellas, y esto pone en entredicho el supuesto compromiso de la administración federal en turno con los trabajadores de la compañía y, desde luego, con el desarrollo y la proyección nacional en el ámbito de la aeronáutica civil. El gobierno federal aún está a tiempo de revertir dicha percepción: para ello es necesario que brinde todas las facilidades a su alcance para concretar, cuanto antes, el retorno de Mexicana al espacio aéreo.