En el norte y el centro del país las agresiones del crimen organizado contra periodistas derivan en el repliegue, miedo y silencio de los comunicadores. En el sur, la intimidación proviene básicamente del Estado y de las precarias condiciones laborales del gremio, advirtió la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En tanto, la Secretaría de Gobernación informó que en siete entidades (Coahuila, Sinaloa, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Tamaulipas y Durango) ya se brinda protección a periodistas que han sido amenazados y/o agredidos por el crimen.

El mecanismo será perfeccionado y se establecerá una metodología para la correcta medición del riesgo, con el propósito de determinar el nivel de protección según el grado de la amenaza, sostuvo el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Max Alberto Diener Sala.

Se trata de un fenómeno muy amplio y lo previsible es que en la medida en que haya más intensidad en el mecanismo, se presenten muchos más casos en el país, dijo el funcionario.

El mecanismo de protección a periodistas, coordinado por Gobernación, fue anunciado en noviembre de 2010 y aún no se sabe quiénes representan a los medios de comunicación, uno de los puntos que truncó su avance en los primeros meses.

El representante de la UNODC para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio Mazzitelli, precisó ayer, durante la clausura del proyecto MEXX05, que un asunto central de esta problemática es la falta de denuncias de los periodistas. Los comunicadores prefieren buscar protección en sus propios medios o mediante denuncias ante la opinión pública, pero no ante las autoridades ministeriales, dijo.

Indicó que se requieren respuestas distintas ante problemas diversos: una cosa es la amenaza del crimen organizado y otra la generada por una cultura vieja de corrupción.

En la presentación de la Consulta estatal para el diseño de una Estrategia nacional de fortalecimiento en seguridad y justica para medios de comunicación en México, se precisó que la autocensura puede ser provocada por miedo a agresiones, pero también es posible que ocurra por razones políticas, acciones del crimen organizado, del Estado o por trabas para el ejercicio de la libre expresión y el acceso a la información.

De igual forma, la corrupción se circunscribe a fallas del gobierno y los riesgos son entendidos como amenazas y agresiones físicas del crimen organizado y, en menor rango, del Estado.

Con el propósito de fortalecer el marco de protección para periodistas, la UNODC propone al gobierno y a los medios de comunicación tomar en cuenta y estudiar las causas y consecuencias de elementos dominantes como la narcocultura; efectos sicológicos sobre el periodista que cubre casos del crimen organizado, así como los efectos de la nota roja.

Sugiere también fortalecer las redes y protocolos de protección a comunicadores, además de integrar una base de datos de agresiones y amenazas, que incluya no sólo estadísticas sino un monitoreo de casos y recomendaciones para generar informes periódicos públicos.

Además, plantea privilegiar la participación de instituciones y de la sociedad civil y alentar la profesionalización del gremio.

La creación de una fiscalía (de atención a periodistas) aumenta la salvaguarda, pero no reduce las amenazas, indicó Mazzitelli.