La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) presentará este jueves su programa de trabajo, en el cual son dos las principales líneas de acción para los comicios del primero de julio.

Primero considera el desahogo rápido de denuncias relacionadas con financiamiento ilícito en las campañas federales, mediante la capacitación de agentes del Ministerio Público en cuestiones de lavado de dinero y operaciones financieras. En segundo lugar está la capacitación de ciudadanos y la difusión de los actos que constituyen delitos electorales, a fin de fomentar la denuncia, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

El programa de trabajo de la fiscal Imelda Calvillo iba a ser presentado el pasado 16 de marzo, pero las movilizaciones magisteriales llevadas a cabo ese día en la ciudad de México hicieron que los empleados de seguridad de la institución federal cerraran las puertas del inmueble por más de dos horas sin permitir la entrada o salida de ninguna persona, debido a que los docentes se apostaron ese tiempo en cada uno de los accesos.

De acuerdo con fuentes consultadas, el programa de trabajo 2012 de la Fepade está encaminado a atender la problemática que se presente en este proceso electoral, en el cual se elegirá al presidente de la República, senadores y diputados; para ello, la titular de ese organismo ya ha firmado varios convenios de colaboración con instituciones como el Seguro Social y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), con el propósito de informar a los servidores públicos que trabajan en esos organismos cuáles son los delitos electorales y las sanciones para quienes los cometen.

Al mismo tiempo, la Fepade dará cuenta de los trabajos que se han realizado con los gobiernos estatales en materia de capacitación electoral y de orientación para recibir y canalizar las denuncias que reciban de la ciudadanía.

Asimismo, los agentes del Ministerio Público Federal que laboran en todas las delegaciones estatales han recibido cursos específicos para prevenir o perseguir financiamiento ilícito, compra o coacción del voto, y uso de programas públicos con fines electorales, entre otros.