La demanda presentada el año pasado ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el papa Benedicto XVI y otros tres jerarcas del Vaticano, señalados por encubrir a sacerdotes pederastas, tiene la finalidad de visibilizar la gravedad de estos crímenes, y al mismo tiempo enviar un mensaje de que quienes los cometieron pueden ser responsabilizados, tanto de forma individual como por la cadena de mando que los protege.

Tal fue el señalamiento de Katherine Gallagher, fiscal del Centro por los Derechos Constitucionales (CDC), quien a propósito de la reciente visita de Joseph Ratzinger llamó al gobierno mexicano a no hacerse cómplice de estos delitos e investigar la supuesta entrada al país de 11 sacerdotes acusados de ataques sexuales, y que provienen de Estados Unidos.

En entrevista con La Jornada, Gallagher recordó que el CDC presentó una demanda contra el Papa en septiembre de 2011, donde se argumenta que tanto Ratzinger como otros tres miembros de alto rango del Vaticano sabían de los ataques sexuales cometidos por varios sacerdotes –entre ellos Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo–, y no hicieron nada por investigarlos o detenerlos, lo cual los vuelve cómplices de un crimen de lesa humanidad.

La queja aún se encuentra en la etapa inicial y no ha sido formalmente admitida por el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, pero en caso de que así sea podría redefinir la magnitud de los delitos que han cometido religiosos pederastas, y enviar un mensaje claro contra la impunidad, dijo la abogada, quien representa a la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés).

“Creemos que una investigación criminal al nivel de la CPI no sólo serviría para redefinir apropiadamente la conducta en cuestión con el nombre que refleja la verdadera gravedad de estos actos –los crímenes sexuales no son simplemente ‘abusos’–, sino que también mandaría un fuerte mensaje de que la impunidad ya no será tolerada”, aseveró Gallagher.

De igual forma, puede servir para dejar claro que la responsabilidad de quienes cometen estos delitos puede fijarse de manera individual, pero también por la cadena de mando del Vaticano. Esta acción protegería a los niños, porque disuadiría a los perpetradores y lograría los cambios necesarios en las prácticas internas de la Iglesia.

Con los más de 20 mil documentos que presentó el CDC sobre el tema ante la Corte Penal Internacional, enfatizó la abogada, hemos sentado las bases para establecer que estos crímenes de lesa humanidad (violación, tortura y otras formas de violencia sexual) sí fueron cometidos y hemos encontrado evidencias clave para ligar a los cuatro individuos que identificamos, incluido el Papa, con los delitos.

Finalmente, la especialista advirtió que según reportes del diario The Chicago Tribune, desde 1985 han escapado de Estados Unidos 32 sacerdotes acusados de violencia sexual, 11 de los cuales se habrían dirigido a México, por lo que llamó al gobierno del país a investigar este caso y a ayudar en su captura, si así fuera necesario.