Al aplicar las leyes contra la migración indocumentada, fuerzas de seguridad de Estados Unidos, en particular las de la región suroeste, recurren a violencia extrema, sin respetar las garantías de los detenidos, lo que ha causado un fenómeno preocupante de violaciones a los derechos humanos de miles de personas.

Tal fue una de las principales conclusiones del informe En terreno hostil: las violaciones a los derechos humanos en la aplicación de las leyes de inmigración en el suroeste de Estados Unidos, realizado por Amnistía Internacional (AI) en 2010 y 2011, principalmente en Texas y Arizona.

En el documento, de 88 páginas, se advierte que gran cantidad de inmigrantes indocumentados, pero también muchos estadunidenses de ascendencia latinoamericana, son objeto de revisiones de tránsito desproporcionadas, debido al perfilamiento discriminatorio basado en raza, etnicidad y estatus indígena.

Estas acciones no están sujetas a ningún monitoreo ni hay responsabilidad de los agentes policiacos en posibles abusos, lo que ha propiciado que dichas prácticas se conviertan en algo común y difícil de erradicar, y den pie a violaciones de derechos humanos, cometidas incluso por individuos privados o grupos ajenos a las fuerzas de seguridad.

AI señala que los migrantes encaran obstáculos cuando buscan acceso a la justicia y soluciones para ciertos crímenes, tales como la violencia doméstica y el tráfico humano. Además, la proliferación de leyes estatales instauradas recientemente obstaculiza la habilidad de los inmigrantes para obtener educación y acceso a servicios esenciales.

La organización con sede en Londres subraya que en años recientes se han incrementado de forma notable diversas expresiones sociales contra los trabajadores internacionales sin documentos, lo cual se ha reflejado en una gran cantidad de leyes antimigrantes en Alabama, Arizona y Georgia, y en la polarización que han provocado varios medios informativos sobre el tema.

El reforzamiento de la vigilancia en la frontera sur de Estados Unidos, a partir de 1994, provocó que el número de muertes de migrantes aumentara notablemente, sobre todo en zonas desérticas, ya que en 1996 había menos de dos muertes por cada 10 mil detenidos, mientras que en 2009 ese índice se elevó a 7.6 muertos por cada 10 mil arrestos, asevera el documento. Uno de los grupos especialmente vulnerables que ha sido afectado por esta tendencia son los pueblos indígenas de ambos países, entre ellos los tohono o’odham y los yaquis, quienes se han visto privados de su derecho a mantener y desarrollar contactos y relaciones, como establecen varios tratados internacionales.

Por lo anterior, AI dirigió varias recomendaciones al gobierno de Estados Unidos, entre las cuales figura suspender los operativos de control migratorio hasta determinar si están siendo aplicados de forma discriminatoria, y asegurarse de que las leyes en la materia respeten los derechos humanos de los migrantes, de acuerdo con las leyes y estándares internacionales.