El actual proyecto de Ley General de Protección Integral de la Infancia no está a la altura de lo que necesitan las niñas, niños y adolescentes del país, ya que solamente se dedica a enunciar una serie de derechos, pero no los instrumentaliza ni menciona cuáles son las instituciones encargadas de cumplirlos.

Así lo advirtieron integrantes de organizaciones especializadas en el tema, quienes llamaron a corregir estos huecos antes de que la legislación se apruebe definitivamente en la Cámara de Diputados, y las elecciones presidenciales opaquen una vez más un tema de fundamental importancia.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advirtió que pese a haber firmado varios convenios internacionales en la materia, el gobierno carece de políticas públicas eficientes para cuidar de los 39 millones de menores de edad que hay en el país, quienes representan más de una tercera parte de la población.

El dictamen aprobado el 23 de marzo de 2011 en el Congreso, donde se reforman los artículos constitucionales 4 y 73 con miras a diseñar una Ley General de Protección Integral de la Infancia, sigue siendo insuficiente para cumplir de manera eficaz dicha tarea, puesto que no hace énfasis en los derechos de este sector, ni menciona con claridad a qué organismos les corresponda ese trabajo.

Luis Barquera, de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos (Odisea), señaló que al presentar una iniciativa elaborada por una sola persona, sin consultar a las organizaciones y académicos especializados en el tema, los legisladores están desperdiciando la oportunidad de construir una ley digna y a la altura de las circunstancias, que proteja el interés superior del menor.

Por su parte, Luis Enrique Hernández, director de la asociación civil El Caracol, aseveró que el proyecto en cuestión sigue imponiendo en niños y adolescentes una visión adulta que no les reconoce derechos ni capacidad de interlocución, ni propone cómo resolver la cuestión de los tratos crueles y degradantes que sufren muchos pequeños.

Alma Meneses, integrante de la sección de política pública y legislación de la Redim, subrayó que una ley de protección a los niños debe basarse primero en un rediseño del esquema institucional del país, donde haya claridad sobre las instituciones encargadas de proteger a este sector, por lo que llamó a la comisión de grupos vulnerables de la Cámara de Diputados a iniciar un debate abierto e informado antes de avalar cualquier dictamen.