mpresarios, partidos mayoritarios, PP y PSOE con sus aliados nacionalistas, Convergencia y Unión en Cataluña y Partido Nacionalista Vasco en Euskadi y minorías coyunturales decidieron dar a la patronal todo el poder para someter a la fuerza de trabajo a su campo de condiciones sin ninguna cortapisa legal. El primer punto para lograrlo ha sido ir contra la estabilidad laboral y promover el despido libre a la par que introducir el despido en la administración pública. Como lo señala la actual memoria justificativa y económica de la Reforma del Mercado Laboral: “...la estabilidad –en el empleo– puede tener también un lado negativo cuando, al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo y se genera una excesiva resistencia a la adaptación a las nuevas necesidades. Este tipo de estabilidad tiene bastante que ver con el coste y margen de decisión empresarial en el despido, que en España es relativamente más caro y limitado que en países de nuestro entorno...”. Por consiguiente, un gobierno responsable debe revertir las resistencias de las clases trabajadoras a un mercado laboral desregulado y convencerlas de los beneficios que conlleva implantar la total flexibilidad en los tipos de contratación y, sobre todo, de las maravillas que se obtienen al abaratar el despido.

La actual reforma laboral tiene en estos antecedentes su articulado. Ajustar para crecer y salir de la crisis es su lema. Bajo el discurso de adecuar las relaciones sociolaborales a las nuevas circunstancias de la recesión abre la puerta a un conjunto de medidas de carácter estructural, cuyo sentido es hacerlas perdurar en el tiempo. La reforma laboral del gobierno de Rajoy es continuidad de la aprobada por el gobierno de Zapatero y el PSOE en 2010. No existe ruptura entre las medidas aplicadas por el Partido Popular, en el gobierno, y las desarrolladas por el PSOE, hoy en la oposición, por mucho que Rubalcaba y sus dirigentes se empeñen en mostrar diferencias. Seguramente si el PSOE hubiese ganado las elecciones generales habría hecho lo mismo. Se trata de una reforma estructural que afecta todos los aspectos del mundo del trabajo. Modifica la ley de contratos, el despido, las condiciones de trabajo, la conciliación laboral, el régimen de la seguridad social y el Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, reforma las leyes de empleo, de formación profesional y consolida el despido objetivo cerrando los flecos de anteriores reformas, ajustes y recortes. El Real Decreto Ley 3/2012 es consistente. No hay vuelta atrás, por mucho que los sindicatos convoquen a la novena huelga general. El partido popular no cambiará ni un punto ni una coma del articulado. La justificación del gobierno para no modificar la redacción pasa por tachar la reforma de necesaria, justa, equilibrada y eficiente. 1. Necesaria, dicen, porque adecua el mercado laboral a las exigencias de la Unión Europea y cumple con los requerimientos de estabilidad presupuestaria para contener el gasto público. Por consiguiente, ambas exigencias, emanadas del Banco Central Europeo, bajo la tutela de Merkel y Sarkozy, son el eje de la actual reforma laboral. Continuidad en el argumento, basta recordar que el PSOE, con apoyo del PP, modificó la Constitución para limitar el gasto público. 2. Justa, pues elimina el proteccionismo, que favorece al trabajador en caso de despido. El empresario ya puede despedir de manera más expedita a través del llamado despido exprés, eludiendo de esta forma los salarios de tramitación, sin coste adicional y más barato. 3. Eficiente, apuntan, al fundarse en criterios de racionalidad económica y ser ajustada a las leyes del mercado, lo cual garantiza salir de la crisis mejorando las condiciones para la contratación y la creación de empleo en el medio y largo plazos. 4. Equilibrada, de acuerdo con los representantes del Partido Popular. La noción de equilibrio consiste en aligerar el peso en uno de los dos platillos de la balanza, el que protege al trabajador, considerando el derecho laboral como obstáculo para el empresario cuando se fijan las condiciones contractuales. Esta percepción acaba con el espíritu del derecho laboral de impedir la arbitrariedad del empresario en caso de despido por causas injustificadas o improcedentes. En este contexto, la reforma desplaza el derecho laboral a un ámbito testimonial, al existir el despido objetivo y procedente.

Asistimos a una realidad dantesca. No queda rastro de las leyes de protección al trabajador. Con el pretexto de crear empleo y cumplir con las exigencias del Banco Central Europeo se degradan las condiciones salariales y de trabajo, y se desregula el mercado laboral. De esta manera se propone la moderación salarial al tiempo que se facilitan las exenciones fiscales a los empresarios para seguir aumentando su patrimonio. De acuerdo con las nuevas normativas, el empleador ve rebajado el pago de indemnización por despido, desde la entrada en vigor de la reforma en 60 por ciento. La indemnización por despido improcedente consideraba 45 días por año trabajado hasta un total de 42 mensualidades y el objetivo procedente contempla 20 por años trabajados y tiene un límite máximo de 12 mensualidades. Igualmente, en el sector público la administración puede despedir a los funcionarios bajo el pretexto de cese de función. En otras palabras, si un ministerio decide eliminar una prestación, los funcionarios adscritos a tal servicio no serán reubicados, sino serán eliminados de la plantilla. Puede ser el caso en sanidad, educación, etcétera. El resultado: deterioro en la calidad de los servicios públicos y adelgazamiento de la administración, que facilita la privatización y externalización de servicios hasta ahora en manos del Estado.

La convocatoria a huelga general ha sido criminalizada por el Partido Popular señalando que es injusta, innecesaria y poco solidaria con los 5 millones de parados; basta afirmar que son los mismos adjetivos utilizados por el PSOE en 2010. (Véase mi artículo en La Jornada La criminalización de la huelga general). El argumento en favor de la reforma consiste en señalar que cuenta con el aval de los mercados, las empresas trasnacionales, la patronal, los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, y la mayoría del Parlamento Europeo. La reforma laboral viene para quedarse, salvo debacle o un estado de insurrección pacífica que paralice el país y les haga sentir miedo, situación deseable pero poco probable. Por el momento el gobierno sólo atina a descalificar a sus convocantes, los sindicatos, tildarlos de anticuados, parásitos de las ayudas estatales y vagos que no dan palo al agua. Los mandamases del Partido Popular y sus socios en los medios de comunicación social utilizan toda la artillería para desacreditarla. La violencia verbal y psicológica se une al desprestigio de dirigentes y líderes sindicales. Por otro lado, la patronal y los empresarios presionan a los trabajadores para que no secunden la convocatoria; son conscientes de que pueden hacerlo sin coste adicional alguno. Hoy cuentan con una ley que les otorga privilegios ad infinitum. Les permite tomar represalias en forma de traslado forzoso o acudir al despido procedente acreditando una disminución de beneficios en el medio plazo. Nada como jugar con las cartas marcadas. Sabedores de su actual protagonismo, deciden lanzar un órdago a la grande y solicitar del gobierno que restringa al máximo el uso del derecho de huelga, decretando servicios mínimos abusivos que hagan ineficaz la convocatoria, cambiando su articulado. Sin duda, lo que se dirime en la convocatoria de huelga general no es sólo el contenido reaccionario de una reforma laboral, sino un sistema social excluyente, generador de mayores desigualdades, paro en el que se entrega todo el poder a los empresarios. El retorno de la esclavitud está a la vuelta de la esquina. Es cosa de esperar.