n septiembre de 1997, Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional (AI), viajó a México durante tres días. La cancillería mexicana le aseguró que sería recibido por el presidente Ernesto Zedillo para tratar el delicado asunto de la situación de los derechos humanos en México. El mandatario no lo recibió. Sus funcionarios dijeron que la entrevista nunca había sido acordada. Por supuesto, nadie creyó la explicación oficial.

Ese mes AI presentó a Zedillo un memorando en que expresó su preocupación por el hecho de que la mayoría de las anteriores investigaciones de violaciones de derechos humanos no habían identificado y puesto a disposición de los tribunales a sus autores intelectuales y materiales. “La impunidad –dijo la organización–, característica que deteriora la protección de los derechos humanos y facilita la perpetración de nuevas violaciones de derechos humanos, ha prevalecido durante demasiado tiempo.”

Entrevistado por El País (26 de septiembre de 1997), Sané explicó cómo, desde 1994, ha habido un agravamiento inquietante de las violaciones a los derechos humanos. Hace tres años teníamos cinco presos de conciencia. Hoy hay más de 150. Las desapariciones han resucitado como técnica de represión. Sólo en 1997 llevamos contabilizados 30 casos y 40 ejecuciones extrajudiciales. La tortura sigue siendo rutinaria, y los malos tratos en las prisiones han aumentado.

El de AI no fue un caso aislado. Ese año, el relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, Nigel Rodley, informó durante su visita a México, en agosto, que había recibido muchos testimonios de víctimas de tortura por parte de militares.

Además de Amnistía Internacional, organismos internacionales como Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, diversos relatores especiales de la ONU y numerosas ONG mexicanas documentaron el deterioro de los derechos humanos en México durante el sexenio de Zedillo.

No fue exageración. Durante el zedillismo se produjeron las matanzas del vado de Aguas Blancas, del norte de Chiapas, de Acteal y de El Charco. En los Loxichas se desató una cacería humana salvaje contra la población indígena.

Para tratar de tapar las graves violaciones a las garantías individuales cometidas por su gobierno, Zedillo expulsó del país a más de un centenar de defensores de derechos humanos, y a algunos se les prohibió que regresaran a México de por vida. En 1998 se establecieron todo tipo de restricciones para impedir la entrada a quienes monitoreaban la situación.

En junio de 1995 se deportó a tres clérigos de Argentina, España y Estados Unidos por su labor en Chiapas. En abril de 1997 fueron expulsados dos miembros de la Federación Internacional de los Derechos Humanos por visitar una prisión en Guerrero. En mayo de 1998 fueron corridos del país 128 italianos que se trasladaron a Chiapas a documentar las agresiones del Ejército contra los municipios autónomos zapatistas.

El gobierno de Ernesto Zedillo rechazó sistemáticamente las recomendaciones de los organismos de derechos humanos. A fines de 1999, como resultado de las presiones internacionales, se vio obligado a suscribir con Naciones Unidas el Memorándum de Intención para el Desarrollo y Aplicación de Programas de Cooperación Técnica en el Campo de los Derechos Humanos. Sin embargo, tal como hizo con los acuerdos de San Andrés, inmediatamente después de que lo firmó se desentendió del compromiso pactado.

Recordar la continua y sistemática violación a los derechos humanos por Zedillo es importante hoy, que ha sido acusado en una corte de Estados Unidos por su responsabilidad en la matanza de Acteal. El ex mandatario ha pedido al juez que lleva el caso que resuelva su petición de inmunidad a la brevedad, invocando que los detractores de las reformas democráticas puestas en práctica por él están aprovechando para debilitar las reformas y al propio ex presidente.

En la misma línea, los intelectuales que se beneficiaron durante su sexenio con jugosos contratos para sus empresas y que disfrutaron de un trato privilegiado con el mandatario han querido presentar a Zedillo como un apóstol de la democracia, como si su responsabilidad en el deterioro de los derechos humanos en el país fuera inexistente.

Esta visión ideologizada del profeta de la globalización es insostenible, como muestra el documental de canalseisdejulio titulado El genocida invisible, y el número 172 de la revista El Cotidiano, publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

El documental desmantela, de manera dramática y eficaz, las versiones oficiales que pretenden exculpar al ex mandatario y al Estado mexicano de su responsabilidad en la matanza de Acteal, y ofrece desgarradores testimonios sobre la represión en los Loxichas.

El Cotidiano ofrece un amplio e informado análisis sobre cómo Zedillo construyó un conjunto de reformas para construir mecanismos de poder transexenales, que le posibilitan seguir influyendo en asuntos claves de la política nacional. Asimismo, proporciona una visión panorámica de la violación a los derechos humanos en México y de las diversas iniciativas que en el plano internacional se están impulsando para que se haga justicia.

La revisión de ambos materiales no es sólo un ejercicio de revisión del pasado. Ver El genocida invisible y leer El Cotidiano permiten asomarse de otra manera al futuro inmediato. El pasado está mucho más presente de lo que suponemos. Lo que hoy está en juego en nuestro país es la continuidad de una política que se presenta como democrática, pero que en realidad permite a los poderes fácticos manejar el país a su antojo sin rendición de cuentas alguna. Una política que hace de la violación a los derechos humanos no un accidente, sino una constante.