Madrid, 2 de mayo. El gobierno de España y la fiscalía anticorrupción rechazaron hoy por separado que se negocie un posible pacto antijudicial que beneficie al yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, acusado de corrupción.

Versiones de los medios de comunicación dieron cuenta que el duque de Palma negociaba un pacto en el se declararía culpable pero se le garantizaría una condena inferior a dos años que le eximiría de pisar la cárcel, siempre y cuando devolviera el dinero defraudado, que las fuentes citadas por la prensa local cifraron en algo más de 3.5 millones de euros.

Por su parte, el ministro de Justicia del gobierno español, el conservador Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró hoy que en el proceso judicial abierto contra Urdangarin se investigará hasta el final y se aplicará el principio de igualdad de todos los españoles.

Tres periódicos españoles –El Mundo, El País y El Periódico de Cataluña– aseguraron tener información confiable que apuntaba a un pacto entre la fiscalía, el magistrado y los abogados de los dos principales imputados, Urdangarin y su ex socio Diego Torres, para que éstos evadan la prisión.

Una de las razones de este presunto pacto, según informó el diario El Mundo, eran los correos electrónicos y los documentos que tendría en su poder el socio de Urdangarin, Diego Torres, en los que probaría la implicación de la infanta Cristina y del propio rey Juan Carlos en la trama corrupta.

Esos documentos que pondrían en grave riesgo la credibilidad de la monarquía española, cuestionada no sólo por este escándalo sino también por las cacerías de elefantes y animales en peligro de extinción en las que participó el monarca y la falta de transparencia de una institución que se continúa rigiendo por el obsoleto derecho divino de la sucesión.

El titular de la cartera de Justicia explicó que el gobierno no ha dado instrucción alguna que limite la autonomía de los fiscales y advirtió que vivimos en un Estado de derecho y en un Estado de derecho el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley es el que rige y es el que por supuesto se aplicará en este y en todos y cada uno de los casos.

Añadió que ningún hecho puede dejar de ser investigado por la fiscalía y puesto en conocimiento del juez para su valoración.

En términos parecidos se ha expresado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ha garantizado a los medios que en el caso Urdangarin no va a haber ningún trato de favor.

Incluso los abogados de las partes, en el caso de Urdangarin su abogado Mario Pascual Vives, también rechazaron el supuesto acuerdo por debajo de la mesa para salvar de la cárcel a Urdangarin.

Ni formal ni informalmente he mantenido ningún tipo de contacto con la fiscalía en relación a ningún tipo de conformidad ni acuerdo, afirmó Vives, al tiempo que rechazó categórico que el yerno del rey de España tuviera cuentas en Suiza, como parece ha quedado probado durante el juicio.

Ni directa ni indirectamente Urdangarin ha tenido ni tiene cuentas en algún paraíso fiscal. Que le quede claro a todos los ciudadanos de este país, advirtió.