omo ocurre con las grandes tragedias que tienen lugar en México, la del reciente incendio en el bosque La Primavera va camino del olvido. Eso mismo sucedió cuando en 2005 resultaron severamente quemadas unas 8 mil hectáreas de lo que es el pulmón verde por excelencia de la ciudad de Guadalajara y su área conurbada. En aquel entonces las autoridades y los especialistas hicieron un crudo balance de lo que destruyó el fuego, los 20 años que tardará restablecer la masa boscosa y la necesidad de tomar medidas efectivas para evitar nuevos incendios.

Por supuesto, las autoridades no hallaron a los culpables, como tampoco ahora. Sin embargo, instancias oficiales de Jalisco dicen que a lo mejor fue causado por integrantes del ejido Santa Ana Tepetitlán, dueño de cientos de hectáreas de La Primavera, interesados en arrasar el bosque a fin de abrir nuevos espacios a las empresas inmobiliarias. Apoyan su teoría en que es en porciones de ese  ejido donde ha habido incendios en los años recientes. En cambio, de lo que sí hay certeza es que, pese a las promesas de los funcionarios, no hubo la vigilancia requerida para evitar que el fuego ahora  acabara en una semana con más de 3 mil hectáreas boscosas. En cenizas quedó también la sugerencia del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de establecer un impuesto ambiental que paguen quienes viven en la zona metropolitana de Guadalajara y destinarlo al cuidado de La Primavera. El impuesto se cargaría en los recibos de agua.

Quizás la propuesta del citado funcionario hubiera tenido mejor suerte de haber incluido lo que las autoridades deben pagar por su ineptitud a la hora de evitar el fuego en el pulmón verde de la capital jalisciense y en otras partes del país. Sería un precedente que dejaría huella entre los servidores públicos que no cumplan con su deber. De igual forma, si parte de los recursos federales que se gastan en hacer loas a los logros del sexenio que preside el licenciado Calderón se destinan a actividades productivas que alienten el cuidado del bosque entre los ejidatarios y propietarios que poseen la mayor parte de las 30 mil hectáreas que conforman La Primavera. De lo contrario, y como muestra la experiencia, los incendios provocados seguirán cada año pese al blindaje que prometieron establecer los funcionarios para evitar nuevas tragedias. No hay que olvidar que, además de los inmobiliarios, hay otros intereses que desean acabar con la reserva ecológica por excelencia de Guadalajara, en la que se fabrica casi una tercera parte del agua que consume esa ciudad: la tala, la extracción de  materiales para la construcción,   el sobrepastoreo y la presencia del crimen organizado, por ejemplo. Que son muy poderosos los intereses que buscan hacerse de parte del bosque lo demuestran las amenazas proferidas contra las personas y las organizaciones ciudadanas que defienden La Primavera.

Guadalajara y su zona conurbada cada vez pierden más áreas verdes gracias a la desidia de las autoridades o al franco apoyo que dan a los desarrolladores inmobiliarios. Dos obras recientes así lo demuestran: el conjunto habitacional y de servicios levantado por el gobierno estatal y recursos particulares para albergar a los atletas que participaron en los pasados juegos panamericanos, y el estadio Omnilife, propiedad de una de las fortunas más ostentosas del país: la de Jorge Vergara, dueño del equipo de futbol Guadalajara. Nada pudieron los argumentos de organizaciones civiles, especialistas y  centros de investigación contra esas obras faraónicas, que inauguró Felipe Calderón, quien colmó de loas a sus dueños.

Otro ejemplo es el nuevo estadio de Los Rayados, en Monterrey, que arrasará con la vegetación en 25 hectáreas del bosque La Pastora, área natural de gran importancia ambiental para la zona metropolitana de esa ciudad y que por tanto debe ser conservada. El propietario del estadio es Femsa, el influyente grupo industrial al que tanto debe el actual gobierno por su apoyo electoral en 2006. Los permisos oficiales para estas tres obras se dieron con la misma velocidad con que el viento expande los incendios forestales. Y luego los funcionarios presumen de defender los recursos naturales.