Al sostener que el acuerdo que negocian el sindicato magisterial y la Secretaría de Educación Pública (SEP) es una suerte de malabarismo, que sólo constata que la enseñanza es rehén de intereses político-electorales, el magisterio disidente sostuvo que cerca de 70 por ciento de docentes, es decir, 385 mil de 550 mil de primaria, no se presentarán a la evaluación universal.

Sólo en la capital del país, señaló el dirigente de la sección 9 democrática, Francisco Bravo, 80 por ciento de educadores no se inscribieron este ciclo al Programa Nacional de Carrera Magisterial.

Los maestros estimaron que unos 130 mil de los 550 mil profesores de primaria llenaron la cédula de registro para aplicar la evaluación universal. Sin embargo, advirtieron que los números no cuadran, ya que es elevada la cifra que se ha manejado en torno a que cerca de 300 mil presentarán la evaluación universal el 24 de junio, la mayoría de ellos inscritos en carrera magisterial.

En conferencia de prensa, en la que también estuvieron los secretarios generales de las secciones 22 de Oaxaca, Azael Santiago Chepi; 18 de Michoacán, Jorge Cázares, y 36 del valle de México, Alberto del Canto, ratificaron el comienzo de sus movilizaciones. El 15 de mayo realizarán una marcha que partirá a las 10 horas de la ex Normal Superior hacia el Zócalo. También instalarán un campamento en la Plaza de la Constitución, el cual podría transformarse en plantón.

Un día después, en su asamblea nacional, determinarán la fecha para comenzar un paro indefinido de labores, con las exigencias de cancelar la Alianza por la Calidad de la Educación, pactada entre Elba Esther Gordillo y el gobierno de Felipe Calderón, así como echar abajo la evaluación universal. También sumaron a sus demandas la extinción de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares. Para ello realizan ya asambleas con padres y maestros, en las cuales, mediante actas firmadas, rechazan ese examen que se aplica a estudiantes de educación básica y de bachillerato.

Como informó este diario, la SEP y la lideresa magisterial negocian un acuerdo mediante el cual los docentes inscritos en la carrera magisterial presentarán la evaluación el 24 de junio y para otro porcentaje de docentes se diferirá la fecha de la prueba entre el 25 y 29 de junio, pero dentro de este ciclo escolar.

Jorge Cázares señaló que dicho acuerdo es un enredo sujeto a presiones político-electorales y rabiosas de grupos de la iniciativa privada, entre ellos la Coparmex y Mexicanos Primero.

Rechazamos cualquier intento de José Ángel Córdova Villalobos y de Elba Esther Gordillo de imponer a partir de una serie de malabarismos la evaluación universal y tampoco aceptamos que en lo oscurito se trate la educación como moneda de cambio, advirtió.