n momentos en los que crece, en sectores amplios de la opinión pública internacional, un consenso sobre el fracaso de la llamada guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos en 1971 –en el gobierno de Richard Nixon, con la promesa de obtener un mundo libre de adicciones–, resultan significativas, esclarecedoras y preocupantes las palabras formuladas ayer por el lingüista estadunidense Noam Chomsky, en el contexto del aniversario de la publicación NACLA (Congreso Norteamericano para América Latina).

En opinión del catedrático del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la estrategia actual contra la producción, comercialización y consumo de narcóticos no ha fracasado, sino que tiene un propósito diferente al anunciado; lo procedente, por ello, es cuestionar las intenciones reales de las elites políticas y económicas que han impulsado las actuales operaciones antinarcóticos. A renglón seguido, Chomsky citó ejemplos de naciones en las que, con el supuesto fin de emprender la guerra contra las drogas, se ha podido controlar y anular esfuerzos económicos autónomos de diversas comunidades en beneficio de intereses poderosos.

Las observaciones de Chomsky y la necesidad de cuestionarse por los propósitos reales –en oposición a los declarados– de la actual política de combate al narcotráfico encuentran sustento en varios elementos de la realidad contemporánea. Por un lado, como recordó el lingüista estadunidense, la presente estrategia ha permitido que Washington, con la connivencia de las autoridades locales, traslade su cruzada contra las drogas a otros territorios nacionales: así, mientras el tráfico, la distribución y el consumo de narcóticos ilícitos se desarrollan con normalidad y paz en las ciudades estadunidenses, en países como el nuestro se padece un desbarajuste social por el accionar criminal de los cárteles de la droga, no sólo por sus acciones violentas, sino también por su capacidad de penetración en dependencias públicas, empresas privadas y toda suerte de actividades. A ello debe añadirse el hecho de que, al amparo de la política antidrogas vigente, Estados Unidos se ha proveído de instrumentos de injerencia y hasta de presencia policial y militar a través de acuerdos de cooperación como la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia.

Un tercer elemento de sustento a lo expuesto por Chomsky es el hecho de que la actual estrategia genera grandes oportunidades de negocio: desde la disponibilidad de mano de obra barata para las prisiones particulares como consecuencia de la criminalización y encarcelamiento de un sector de la población pobre en Estados Unidos –particularmente afroestadunidenses y latinos–, hasta la inyección, por parte de los cárteles de la droga, de miles de millones de dólares al sistema financiero mundial, pasando por los márgenes de ganancia obtenidos por la industria armamentista de ese país a costa de tragedias sociales y humanas como la que se desarrolla en México.

En suma, hay elementos de juicio suficientes para sospechar que el descontrol territorial, el empobrecimiento social, el deterioro institucional, la violencia y la abdicación de soberanías que derivan de la actual política antidrogas en países como el nuestro no son precisamente indicadores de su fracaso, sino consecuencias calculadas y hasta deseadas por quienes impulsan su adopción a escala planetaria. Lo procedente, ante la duda, es que las autoridades nacionales moderen sus vínculos con Washington en materia de combate a las drogas, revisen sus estrategias y cancelen, de ese modo, un factor de riesgo para sus soberanías y sus poblaciones.