San Cristóbal de las Casas, Chis., 13 de mayo. Tras el Programa Ciudades Rurales Sustentables subyace un proceso de reordenamiento territorial, a través de las estructuras del Estado, que responde a intereses dictados desde los organismos financieros multinacionales con el fin de instaurar un nuevo orden social. Los gobiernos federal y estatal han implementado proyectos y programas que en el discurso se plantean erradicar la pobreza aportando al desarrollo de los pueblos, pero que en el fondo son procesos de desintegración comunitaria, despojo territorial y des-posesión cultural. Este proceso de desarraigo desmantela cualquier posibilidad de que los pueblos puedan ejercer su derecho a la libre determinación.

Esta es la principal conclusión del informe de la Red por la Paz Chiapas (conformada por nueve importantes organismos civiles) y el Colectivo de Análisis e Información Kolectiva (CAIK), producto de la misión civil de observación que realizaron por las ciudades rurales de Chiapas en octubre pasado.

Las organizaciones visitaron dos ciudades rurales ya habitadas (Juan de Grijalva y Santiago El Pinar) y cuatro más en construcción o planeación, con la finalidad, expresan, de documentar la situación actual en materia de derechos humanos en la que se encuentra la población afectada directamente por el Programa Ciudades Rurales Sustentables (Programa CRS) que el gobierno desarrolla en el estado.

Entre sus principales conclusiones, el informe asienta que en septiembre de 2009 el presidente Felipe Calderón inauguró la primera ciudad rural sustentable del mundo, llamada Nuevo Juan de Grijalva, entidad que según los funcionarios era la respuesta final al binomio pobreza-dispersión. Bajo ese pretexto, y de que los poblados a los que se dirige el plan están en zona de riesgo, las comunidades fueron o serán reubicadas en ciudades rurales sin haber sido adecuadamente consultadas.

Esta respuesta de desarrollo para la pobreza en el campo, destaca el informe, ha sido criticada fuertemente por los pueblos que se tienen que desplazar, así como por personas y organizaciones de la sociedad civil. El primer motivo de estas obras no siempre parece ser la atención a las comunidades, ya que los intereses de empresas privadas juegan un papel importante, así como también intereses políticos de los gobiernos estatal y federal.

Los testimonios de las personas afectadas, recogidos en el informe, demuestran las diferentes maneras en que el Programa CRS viola derechos humanos internacionalmente reconocidos, entre ellos el de libre determinación de los pueblos. Las violaciones documentadas por las organizaciones revelan que los pueblos no participaron ni fueron justamente consultados en ninguna de las fases del proyecto, y sí, por el contrario, en su mayoría fueron desplazados con amenazas de desmantelamiento de la infraestructura de servicios en sus comunidades, o infundiéndoles miedo a vivir en zonas declaradas de riesgo por el gobierno. Estas violaciones, se añade, incumplen los convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el gobierno mexicano.

El informe considera preocupante que la capacidad colectiva de decidir cómo organizarse, así como cualquier intento de construcción social que emane de los pueblos indígenas y campesinos que difiera del patrón estatal, parezcan tener como destino la fragmentación, la anulación o la criminalización.